Ex embajadora en Reino Unido denuncia red de corrupción y desvío de fondos encubierta por la Cancillería

La ex embajadora de México en el Reino Unido, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, ha presentado una denuncia formal que detalla una presunta red de corrupción y desvío sistemático de fondos públicos en la sede diplomática de Londres. Según su informe de más de cien páginas y el Acta Administrativa de Entrega-Recepción, el esquema habría estado operado por un coto de poder encabezado por la ex Agregada Administrativa, Érika Pardo Rodríguez, con la presunta complicidad de otros diplomáticos como los embajadores David Nájera, Aureny Aguirre y Aníbal Gómez Toledo.

Los documentos, a los que tuvo acceso este medio, señalan que las primeras irregularidades fueron reportadas por González-Blanco a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en diciembre de 2024, solicitando una auditoría al Órgano interno de Control en enero de 2025, peticiones que, según su relato, no fueron atendidas con la debida celeridad ni con medidas precautorias para investigar los hechos. El núcleo de la acusación se centra en un presunto fraude mediante la simulación de contratos con una empresa fantasma de limpieza denominada Easy Steps Cleaning Service LTD.

El contrato inicial fue firmado en enero de 2021 por la entonces encargada de negocios, Aureny Aguirre. La investigación interna de la ex embajadora descubrió que los pagos, que ascendieron a aproximadamente 140,950 libras esterlinas (cerca de 4 millones de pesos), se canalizaban a cuentas bancarias personales a nombre de Érika Pardo y de su hija, aprovechando inconsistencias en la validación del sistema bancario.

Además, se acusa a Pardo de alterar digitalmente facturas de servicios básicos, como una de British Gas donde se habría modificado el monto de 26. 37 a 2,026. 37 libras, depositándose la diferencia en su cuenta, y de suplantar la identidad del embajador Aníbal Gómez Toledo para autorizar transacciones con su firma electrónica y token bancario años después de que este dejara el cargo.

El contexto de estas acusaciones pone en evidencia graves fallas en los mecanismos de control interno de la SRE. Pese a que González-Blanco afirma haber enviado más de cuarenta comunicados oficiales y realizado dos viajes a la Ciudad de México para alertar a sus superiores, el entonces canciller Juan Ramón de la Fuente le habría negado audiencia en tres ocasiones.

La ex diplomática sostiene en su informe que la dependencia no solo omitió actuar, sino que, tras una denuncia por acoso laboral presentada por Pardo en su contra, el Comité de Ética de la SRE otorgó medidas de protección a la agregada administrativa. Esto, según González-Blanco, la inhabilitó para ejercer supervisión efectiva durante los primeros ocho meses de 2025, permitiendo que la presunta red mantuviera el control financiero de la embajada.

Esta situación refleja una alarmante disfuncionalidad donde las denuncias por corrupción fueron contrarrestadas con procedimientos administrativos que protegieron a los acusados y paralizaron a la denunciante. Las consecuencias de este escándalo son profundas y multifacéticas.

En primer lugar, compromete gravemente la imagen y la credibilidad del servicio exterior mexicano, sugiriendo la existencia de cotos de poder impunes que operan detrás de la fachada diplomática. En segundo término, genera una crisis de legitimidad interna, al revelar supuestas fallas en la cadena de mando que llegaron hasta la más alta jerarquía, con la presunta omisión del entonces canciller De la Fuente, a quien González-Blanco acusa de haber sido superado por el poder de estos grupos o de encubrirlos por acción u omisión.

Finalmente, el caso ha derivado en una batalla mediática y legal, donde los diplomáticos señalados habrían iniciado una campaña de desprestigio contra la ex embajadora, quien enfrentó múltiples denuncias por acoso.