Ernestina Godoy ante el desafío de demostrar independencia fiscal en México

La llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República (FGR) representa una prueba de fuego para la autonomía del Ministerio Público en México. Con una trayectoria que incluye su militancia histórica en el PRD y cargos como diputada local y federal, Godoy asume el cargo en un momento crítico donde la ciudadanía exige resultados concretos contra la corrupción y la impunidad.

Su ratificación por el Senado hasta 2034 llega tras años de críticas hacia la gestión de Alejandro Gertz Manero, quien fue señalado por utilizar la institución como instrumento de venganza personal en casos como el de Alejandra Cuevas y Laura Morán. La nueva fiscal hereda una dependencia marcada por el estancamiento en investigaciones emblemáticas como Ayotzinapa, Odebrecht y la Estafa Maestra, donde no se registraron avances significativos durante el sexenio anterior.

El contexto político y social exige a Godoy demostrar que su lealtad no está con intereses partidistas sino con la justicia. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en campaña transformar la entonces Procuraduría General de la República en un órgano autónomo, pero la realidad mostró que los fiscales designados fueron percibidos como carnales del poder.

Ahora, con Godoy al frente, los reflectores apuntan a casos como el de la gobernadora Maru Campos y los diez sinaloenses acusados de narcotráfico. Cualquier decisión que favorezca a figuras políticas cercanas a su pasado podría ser interpretada como una traición a la lucha contra la corrupción que bandera el actual gobierno.

La fiscal tiene la oportunidad de romper con el modelo de impunidad que caracterizó a administraciones anteriores, pero también el riesgo de repetir los mismos errores si prioriza vínculos personales sobre la ley. Las consecuencias de su gestión trascienden las fronteras nacionales.

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, mantiene una vigilancia estrecha sobre el sistema de justicia mexicano, especialmente en casos de narcotráfico. Si Godoy falla en demostrar imparcialidad, no solo perderá la confianza ciudadana sino que podría enfrentar represalias internacionales.

La mandataria ha anunciado un informe para el domingo 31 de mayo, fecha que conmemora dos años de su triunfo electoral, y ha solicitado concentraciones en plazas públicas de todo el país. Este evento servirá como termómetro para medir el respaldo popular hacia su gestión.

La pregunta que queda en el aire es si Ernestina Godoy podrá superar su pasado militante y convertirse en la fiscal independiente que México necesita, o si será recordada como otra pieza más en el tablero político que sacrificó la justicia por lealtades partidistas..