Escándalo en el INE: audios revelan amenazas de contratista a Guadalupe Taddei

Un nuevo material audiovisual difundido por Latinus reveló conversaciones donde el empresario y contratista José Alfredo Hernández Casillas asegura haber amedrentado a Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional electoral, en el marco de un conflicto por asignaciones presupuestales. Las grabaciones correspondientes a los primeros meses de 2026 documentan presuntas presiones directas hacia la exfuncionaria del INE para mantener contratos públicos a favor de firmas como Cajas Graf, mientras el empresario afirma poseer testimonios depositados en el extranjero como medida de contención ante eventuales acciones judiciales en México.

En las conversaciones también se mencionan presuntas injerencias en la asignación de plazas administrativas dentro de la estructura electoral, atribuidas a personal cercano a la exfuncionaria, así como inconsistencias en la contratación de personal auxiliar. La Unidad de Inteligencia Financiera formalizó el 4 de noviembre el congelamiento de cuentas a 25 personas físicas y 15 morales vinculadas a la proveeduría del instituto por presuntas irregularidades en flujos financieros, presentando una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

El congelamiento dictaminado por la UIF opera como un recurso preventivo dentro del sistema financiero nacional sin constituir una sentencia firme de responsabilidad penal, la cual dependerá de las indagatorias que desahogue la FGR.

Por su parte, el Consejo General del INE aprobó el 5 de noviembre solicitar formalmente a la Auditoría Superior de la Federación una fiscalización a los esquemas de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios ejecutados entre 2016 y 2026. Ante los señalamientos de irregularidades en licitaciones y manejo de nómina, la autoridad electoral y las dependencias de fiscalización financiera implementaron acciones regulatorias que incluyen la inclusión de 40 personas físicas y morales a la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y la instrucción del Consejo General del INE para auditar la totalidad de su padrón de contratistas de la última década.

En tanto, el INE estableció un protocolo de contingencia operativa para salvaguardar los contratos indispensables que garanticen la infraestructura logística de las elecciones federales programadas para 2027, mientras la ASF delimita el pliego de observaciones sobre los ejercicios presupuestales auditados. Las investigaciones derivan de actuaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y acuerdos del propio órgano electoral, en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia en la contratación pública del organismo responsable de organizar los comicios en México..