Escándalo en México: exdirector de Pemex asume cargo pese a denuncias de violencia

El caso de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha desatado una controversia nacional luego de que se confirmara que asumió la dirección del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (Ineel) el pasado 1 de junio, a pesar de las denuncias por violencia de género presentadas por su esposa, María Felicia Jiménez. La noticia, que inicialmente fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 14 de mayo, fue desmentida por la secretaria de Energía, Luz Elena González, quien afirmó que el funcionario no ocupaba ningún cargo público.

Sin embargo, la plataforma oficial del Ineel documenta su toma de posesión con un mensaje de bienvenida y un discurso en el que Padilla declaró: “Asumo con honor y responsabilidad la Dirección General del Ineel”. La contradicción ha generado indignación, pues el gobierno ahora intenta distanciarse del nombramiento, mientras organizaciones feministas exigen acciones concretas contra la violencia de género.

El contexto revela una serie de omisiones y contradicciones dentro de la administración de la Cuarta Transformación (4T). Mientras la presidenta Sheinbaum fijó una postura pública al declarar que “se aplique todo el peso de la ley” y que “no vamos a proteger a nadie frente a un acto como este”, los hechos muestran que Rodríguez Padilla no solo fue designado, sino que también recibió el respaldo de la comunidad académica y sindical del Ineel durante su ceremonia de asunción.

La secretaria de Energía, por su parte, evitó condenar la violencia y se limitó a negar el cargo, lo que ha sido interpretado como un intento de minimizar el escándalo. Además, el caso se suma a la polémica por la omisión de la Fiscalía de Morelos en las acusaciones por violación contra el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, a quien diputadas morenistas apoyaron con el coro “¡no estás solo!”, evidenciando un patrón de protección a figuras políticas acusadas de violencia de género.

Las consecuencias de este escándalo trascienden el ámbito político, ya que pone en entredicho el compromiso del gobierno con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Mientras el oficialismo intenta tomar distancia, la ciudadanía y colectivos feministas señalan que el verdadero problema no es si el sujeto tiene o no un cargo público, sino que se trata de un presunto delincuente abusador que opera al amparo de la 4T.

La decisión sobre la presidencia de la mesa directiva del Senado, que según fuentes recae en Higinio Martínez, Óscar Cantón o Jorge Carlos Ramírez Marín, será definida desde Palacio Nacional, lo que refuerza la percepción de que el poder real sigue concentrado en la cúpula. Este caso, que combina violencia de género, impunidad y contradicciones oficiales, amenaza con erosionar la credibilidad del gobierno de Sheinbaum y reavivar el debate sobre la necesidad de una justicia verdaderamente independiente..