Escándalo en el tenis: MÉRIDA OPEN operó ilegalmente durante tres años sin derechos de marca

Durante tres años consecutivos, el torneo de tenis femenino Mérida Open, categoría WTA 500, fue organizado y comercializado por la empresa GS Sports Management sin poseer los derechos legales sobre la marca registrada. La firma, encabezada por Gustavo Santoscoy Arriaga, utilizó el nombre y la imagen del evento para su explotación comercial a pesar de que la titularidad de la marca Mérida Open pertenece, desde octubre de 2022, a Francisca Félix Reyes, socia de la promotora Mexique Eventos.

Esta situación derivó en una disputa judicial que culminó con un fallo en contra de GS Sports Management durante la edición 2026 del torneo, forzando un cambio de nombre a Mérida WTA 500 en la comunicación oficial mientras el evento se desarrollaba. El conflicto tiene su origen en la alianza inicial entre ambas empresas para lanzar el torneo en 2023, la cual fue rota unilateralmente por GS Sports Management después de la primera edición, a pesar de existir contratos que vinculaban a Mexique Eventos con el certamen por al menos cinco años.

La empresa organizadora continuó operando el evento e incluso logró su ascenso a la categoría WTA 500 en 2025, lo que incrementó significativamente su valor comercial y sus ingresos, todo ello mientras utilizaba una marca sobre la que no tenía derechos. Este contexto de irregularidades se extiende más allá de la propiedad intelectual, reflejando un patrón de gestión cuestionable.

La organización del Mérida Open enfrenta además acusaciones por retrasos en el pago de la bolsa de premios, de 1.

2 millones de dólares, a las tenistas participantes en la edición 2026, según una comunicación interna de la WTA a la que tuvo acceso la prensa. Esta no es la primera vez que un evento de GS Sports Management genera controversia, ya que en 2023 la organización de las Finales de la WTA en Cancún recibió fuertes críticas de figuras como Sabalenka y Rybakina por las malas condiciones de las canchas y la logística.

Las consecuencias de este entramado legal y operativo son graves y de múltiples dimensiones. Para el mundo del tenis, socava la credibilidad de los torneos en México y expone fallas en los procesos de supervisión por parte de los organismos rectores.

Para los patrocinadores y el público, genera desconfianza al invertir o apoyar un evento con bases legales tan frágiles. Judicialmente, GS Sports Management enfrenta al menos dos procesos abiertos relacionados con este caso, mientras la imagen de Gustavo Santoscoy se ve empañada por estas acusaciones sumadas a señalamientos previos por el uso ventajoso de instalaciones públicas para eventos privados.

El escándalo del Mérida Open deja al descubierto una peligrosa combinación de ambición comercial y desprecio por el marco legal, poniendo en riesgo el futuro de la competición en la ciudad y la reputación del tenis profesional en el país..