Estrategia contra el despojo en CDMX logra 90 detenciones y 8 inmuebles recuperados en 12 días

La Estrategia Integral contra el Despojo implementada por el Gobierno de la Ciudad de México ha dado resultados contundentes en sus primeros días de operación. Según datos oficiales, en apenas doce días se recibieron 89 denuncias ciudadanas, se realizaron 27 remisiones a instancias judiciales y se detuvo a 90 personas vinculadas con posibles allanamientos o ingresos irregulares a propiedades.

La policía capitalina reporta que el tiempo de respuesta ante estos llamados es de aproximadamente tres minutos, una cifra que marca un precedente en la atención de este delito. Además, ocho inmuebles ya fueron asegurados y restituidos a sus legítimos propietarios, lo que devuelve la esperanza a familias que habían perdido su patrimonio.

Sin embargo, las autoridades han pedido leer estas cifras con precisión para no caer en generalizaciones. De las 89 denuncias presentadas, la Fiscalía capitalina ha identificado hasta el momento 14 posibles casos que sí corresponden al delito de despojo, mientras que otros 46 expedientes permanecen bajo revisión para determinar su naturaleza.

Esta distinción es crucial para garantizar que la rapidez en la respuesta no sustituya al debido proceso legal, evitando que conflictos de carácter civil sean tratados automáticamente como ilícitos penales.

La coordinación entre la policía, la Fiscalía y las instancias de gobierno busca equilibrar la eficiencia operativa con el respeto a los derechos de todas las partes involucradas, un reto que las autoridades reconocen como central para la legitimidad de la estrategia. El verdadero desafío de esta política no se limitará a atender los casos recientes, sino que su éxito se medirá por la resolución de expedientes antiguos que llevan meses o años estancados.

Familias enteras esperan una resolución mientras su patrimonio permanece en manos de terceros, y revisar esos asuntos permitirá detectar posibles omisiones o complicidades que facilitaron el crecimiento de este delito. En este contexto, la Defensoría Social Ponciano Arriaga, que comenzará a operar con 100 profesionales del derecho, se perfila como una pieza clave para democratizar el acceso a la justicia.

La instalación de esta atención cada lunes en el Zócalo acerca las instituciones a personas que con frecuencia desconocen ante qué autoridad acudir. El gobierno capitalino ha demostrado rapidez y coordinación, pero deberá sostener ese ritmo cuidando la legalidad y mirando hacia los casos olvidados, pues devolver las llaves a quienes legítimamente les pertenecen será la verdadera medida del éxito..