La estrategia de Maru Campos ante la FGR es un arma de doble filo para la oposición

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ha convertido su citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) en un escudo político, pero el filo de esa misma arma podría volverse contra la oposición. Al rechazar declarar por el megaoperativo del 19 de abril, donde colaboraron agentes de la CIA y la SEDENA para destruir el mayor laboratorio de metanfetaminas del país, la panista no solo desafía a la autoridad federal, sino que abre un precedente peligroso.

Con la misma vara con la que se mide a Campos, podrían medir mañana a otros gobernadores, empezando por el morenista Rubén Rocha Moya en Sinaloa, cuyo caso ante la Corte de Manhattan pende de un hilo y amenaza con opacar cualquier ruido mediático local. El contexto del operativo en la sierra Tarahumara es clave para entender la jugada de la mandataria.

Aquel 19 de abril, una acción coordinada entre la Fiscalía General de la República, la SEDENA y agentes estadounidenses logró inhabilitar un campamento de un kilómetro cuadrado con capacidad industrial para producir hasta 2. 8 toneladas de anfetaminas por ciclo. Se decomisaron 50 toneladas de precursores y 55 mil litros de sustancias químicas.

Sin embargo, la tragedia marcó la operación: murieron dos agentes de la CIA, Richard Leiter Johnston y John Dudley Black, así como el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera, y el agente Manuel Genaro Pérez.

A pesar del éxito táctico, la FGR acusa a Campos de haber autorizado la presencia de agentes extranjeros sin permiso federal, un acto que ella considera amparado por su fuero constitucional. Las consecuencias políticas de este enfrentamiento ya se sienten.

Este miércoles, Campos acudió a las oficinas de la FGR en la Ciudad de México no para declarar, sino para rechazar el citatorio, argumentando que el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 111 constitucional la eximen de rendir entrevista como testigo mientras ostente su investidura. La cúpula del PAN, siguiendo la estrategia que antes aplicaron con Xóchitl Gálvez, la presenta como víctima de una persecución política.

Pero el verdadero riesgo es que este circo mediático desvíe la atención de un problema mayor: el caso de Rocha Moya, cuyo proceso en Nueva York avanza sin importar los dimes y diretes entre partidos. Mientras tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, endureció su discurso ante el Congreso, amenazando con una intervención unilateral si México no aumenta sus esfuerzos contra el narcoterrorismo.

La advertencia es clara: cualquier nueva acción del Departamento de Justicia estadounidense podría opacar por completo las broncas nativas, dejando a la oposición panista atrapada en su propia estrategia..