Exclusión de mujeres periodistas en reunión militar de Querétaro desata exigencia de equidad de género

El pasado 11 de marzo, una reunión sobre seguridad en la XVII Zona Militar de Querétaro generó una fuerte polémica al excluir por completo a mujeres periodistas. Al evento, donde estuvo presente el comandante José Guillermo Lira Hernández junto a funcionarios estatales, solo fueron convocados directores, columnistas y especialistas hombres.

La organización Artículo 19 denunció que ni una sola directora de medios, periodista o columnista mujer recibió invitación, poniendo en evidencia un patrón de discriminación dentro del ámbito informativo local. Las autoridades estatales y federales negaron haber convocado el encuentro, atribuyendo la organización a los propios medios asistentes.

Este hecho desencadenó una ola de críticas por la evidente falta de equidad y por los discursos machistas que surgieron después. Algunos periodistas hombres, en respuestas públicas, minimizaron la situación con comentarios despectivos, afirmando que las colegas estaban ardidas y sugiriendo que su no inclusión se debía a una falta de relevancia, lo que exacerbó la indignación.

La protesta se materializó días después durante la conferencia Contigo Informamos del gobernador Mauricio Kuri González. Allí, la conductora Isabel Posadas Méndez, en representación de las periodistas, exigió equidad en el acceso a entrevistas y en la distribución de convenios publicitarios para medios liderados por mujeres.

Solicitó un compromiso formal del ejecutivo estatal para garantizar igualdad de trato.

En respuesta, el gobernador Kuri se solidarizó con la demanda y ordenó a su secretario de Gobierno revisar que en todas las actividades del Poder Ejecutivo no exista discriminación y se cumpla con la paridad de género. El comandante Lira Hernández declaró que la reunión se realizó a petición de algunos colegas periodistas y expresó sorpresa por la ausencia de mujeres, aunque ello no mitigó las críticas sobre la opacidad en los procesos de convocatoria.

Las consecuencias de este episodio trascienden el incidente aislado. Más de 20 organizaciones defensoras de derechos humanos y más de 40 periodistas han firmado un pronunciamiento exigiendo a las autoridades garantizar procesos transparentes y de selección abierta para la participación en actos gubernamentales.

La demanda central es asegurar el acceso a la información y a las fuentes de poder en condiciones de igualdad, reconociendo el trabajo esencial de las mujeres en el periodismo. Este caso visibiliza las barreras estructurales que aún enfrentan las comunicadoras, no solo en Querétaro sino en todo el país, donde la misoginia y la exclusión persisten en espacios clave.

La presión ejercida ha logrado poner el tema en la agenda pública, forzando a las instituciones a revisar sus prácticas y comprometerse, al menos discursivamente, con la inclusión. Sin embargo, el reto sigue siendo transformar estas promesas en acciones concretas que erradiquen la discriminación y construyan un ecosistema mediático verdaderamente equitativo..