El fallo que reactiva la presión judicial contra Casanova Vallejo por el caso Ahome expone un patrón de triangulación en contratos públicos

La controversia que envuelve a la arrendadora Casanova Vallejo ha vuelto a colocarla en el centro del debate público tras la resolución del Tribunal Colegiado contra el exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. El caso se remonta a diciembre de 2021, cuando el ayuntamiento adjudicó de forma directa un contrato por más de 171 millones de pesos para la renta de 126 patrullas policiales.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Sinaloa imputó los delitos de desempeño irregular y ejercicio indebido de la función pública al omitir la licitación abierta. La investigación documentó que la empresa adjudicada, Grinleasing SAPI de C.

V. , subarrendó la totalidad del servicio a Casanova Vallejo apenas dos días después de firmar la asignación, lo que evidenció que la ganadora carecía de capacidad técnica e infraestructura, operando como fachada para triangular el negocio. El modelo contractual registrado en Ahome no fue un hecho aislado, ya que Grinleasing y la compañía de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova participaron en una dinámica idéntica durante el mandato de Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán con 40 camiones de basura, expediente que también derivó en la destitución y procesamiento del exedil.

A pesar de que en 2022 la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Casanova Vallejo por 45 meses tras incumplimientos con el ISSSTE, el grupo empresarial sorteó el castigo mediante el uso recurrente de juicios de amparo, lo que permitió suspender la sanción y continuar con su participación en compras del sector público. Los registros oficiales reflejan la vigencia comercial del grupo, al sumar al menos 19 asignaciones federales para Casanova Vallejo y Casanova Rent Volks en 2026, destacando un contrato con la Fiscalía General de la República para el arrendamiento de vehículos institucionales por un tope de 154. 7 millones de pesos.

La ratificación unánime del Tribunal Colegiado deja a Gerardo Vargas Landeros a las puertas de la audiencia intermedia ante un Juez de Control, donde el proceso penal avanzará para deslindar responsabilidades por el sobreprecio de las patrullas. Este patrón de arrendamiento triangulado queda bajo sospecha en las fiscalías anticorrupción, mientras que la empresa continúa operando en el mercado público a pesar de los señalamientos.

El caso Ahome se convierte así en un referente de cómo las empresas pueden eludir sanciones y mantener su participación en contratos gubernamentales, generando un precedente preocupante para la transparencia y la rendición de cuentas en el país. La resolución judicial no solo afecta al exfuncionario, sino que pone en evidencia las lagunas legales que permiten este tipo de prácticas, mientras las autoridades buscan fortalecer los mecanismos de supervisión para evitar futuros abusos en la contratación pública..