Familia de Gisela Gaytán desmiente a Fiscalía de Guanajuato: Exigen justicia real a dos años del asesinato

A dos años del asesinato de la excandidata morenista Gisela Gaytán en Celaya, su familia ha alzado la voz para desmentir categóricamente las declaraciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Alejandrina Gaytán, hermana de la víctima, afirmó que ni ella ni su familia han recibido información oficial alguna sobre los avances de la investigación, contradiciendo así la versión del fiscal que aseguraba que los familiares estaban enterados de todo.

La familia solo se ha enterado de los desarrollos a través de los medios de comunicación, lo que evidencia una grave falta de transparencia y de protocolo de atención a víctimas. Este desencuentro público subraya la profunda desconfianza que existe entre los ciudadanos y las instituciones encargadas de impartir justicia en México, particularmente en un estado como Guanajuato, azotado por altos índices de violencia.

El caso trasciende lo individual y se ha convertido en un símbolo de la impunidad que rodea los crímenes contra mujeres en política. El contexto de este desmentido familiar se enmarca en una investigación que, según las autoridades, está resuelta, aunque persisten órdenes de aprehensión pendientes.

El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, ha señalado posibles filtraciones al interior de la propia Fiscalía que habrían obstaculizado la captura del autor intelectual, un señalamiento grave que apunta a corrupción o negligencia institucional. Además, el presidente municipal criticó la falta de una reestructuración profunda en las agencias de justicia, donde persisten los mismos funcionarios y jueces que, a su juicio, mantienen inercias que impiden resultados eficaces.

La regidora Ana Laura Benítez Rivera lamentó que el caso de Gaytán refleje la realidad de miles de ciudadanos en Guanajuato y en todo México que no encuentran respuestas ni justicia.

El crimen ocurrido durante la campaña electoral de 2022 puso en evidencia los riesgos extremos que enfrentan las personas que participan en la vida pública en varias regiones del país. Las consecuencias de esta falta de justicia y comunicación son múltiples y profundas.

En primer lugar, se perpetúa el dolor y la zozobra en la familia de Gisela Gaytán, que no puede cerrar un duelo mientras el crimen no esté totalmente esclarecido con sentencias firmes. En segundo término, se erosiona aún más la credibilidad del sistema de justicia mexicano, enviando un mensaje de impunidad que puede alentar más violencia política, especialmente contra las mujeres.

Finalmente, el caso deja al descubierto las graves deficiencias en la coordinación y la ética dentro de las fiscalías, donde las filtraciones y la opacidad parecen ser parte del problema. El legado de Gisela Gaytán, honrado con murales y programas sociales, se ve empañado por la sombra de la injusticia.

Para que los homenajes no sean solo simbólicos, es imperativo que las autoridades de Guanajuato capturen a todos los responsables, material e intelectuales, y conduzcan el proceso con total transparencia hacia una sentencia condenatoria. Solo así se podrá comenzar a restaurar la confianza y enviar un mensaje claro de que los crímenes electorales no quedarán sin castigo en México.

La sociedad civil y los organismos de derechos humanos mantendrán la presión hasta lograr una justicia completa, no declarativa, que garantice la seguridad en Celaya y en todo el estado..