Feminicidios en Morelos: 142 casos en dos años y alerta de género sin resultados efectivos

Los datos son contundentes y pintan un panorama desolador. En solo dos años, entre 2025 y 2026, el estado de Morelos registró 142 feminicidios durante la administración de la gobernadora Margarita González Saravia.

Esta cifra no es un hecho aislado, sino la continuación de una tendencia alarmante y creciente que ha convertido a la entidad en uno de los territorios más peligrosos para las mujeres en México. El contexto histórico revela la profundidad de la crisis: en los últimos 25 años se han documentado mil 655 feminicidios en Morelos, según el informe más reciente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.

C. La violencia se ha acelerado de manera preocupante, con 2023 marcando el año más violento con 125 casos, seguido de cerca por 2025 con 121 feminicidios.

Estos números confirman que el fenómeno no ha sido contenido, evidenciando el fracaso de las estrategias implementadas hasta la fecha. La situación es aún más grave al considerar que, a diez años de su declaratoria, la Alerta de Violencia de Género (AVG) activada en Morelos el 10 de agosto de 2015 no ha logrado revertir la ola de asesinatos.

Desde su activación hasta junio de 2025, se han documentado 941 feminicidios, demostrando que el mecanismo ha quedado atrapado en el discurso institucional sin traducirse en acciones concretas y efectivas. Activistas y organizaciones civiles coinciden en señalar que la crisis ha rebasado por completo la capacidad de reacción del gobierno estatal.

La falta de políticas públicas integrales se combina con graves deficiencias en las investigaciones, donde las fiscalías a menudo no saben integrar correctamente una carpeta de investigación por feminicidio, lo que favorece la impunidad.

Esta inoperancia se ha visto agravada por un vacío institucional a nivel nacional tras la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) en enero de 2025, dejando al país sin una instancia rectora especializada. Las consecuencias de esta crisis multifacética son profundas y se extienden más allá de las calles.

Un foco rojo adicional es la situación dentro del sistema penitenciario. En los últimos cuatro años, 20 mujeres han muerto en el Centro Federal de Reinserción Social número 16 de Coatlán del Río, hechos que organizaciones exigen sean investigados con protocolo de feminicidio para evitar que se encubran como suicidios.

Solo en 2024 se registraron seis de estas muertes bajo custodia, lo que ha levantado serias dudas sobre las condiciones de reclusión y la posible existencia de violencia institucional por negligencia. A pesar de que la Fiscalía General de la República atrajo las investigaciones y ha realizado cientos de entrevistas, las defensoras de derechos humanos cuestionan la transparencia y los resultados, advirtiendo sobre la falta de atención adecuada a la salud mental de las internas.

En definitiva, los 142 feminicidios recientes son la evidencia más cruda de un estado que, pese a estar gobernado por una mujer, no ha podido garantizar la seguridad de sus ciudadanas. Cada número representa una historia truncada, una familia destrozada y una deuda de justicia que el gobierno de Morelos tiene pendiente.

La alerta de género, hoy por hoy, suena a letra muerta en un territorio donde la violencia machista sigue cobrando vidas sin que exista una estrategia clara, coordinada y con recursos suficientes para frenarla. La visita de la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, Reem Alsalem, durante la presentación del informe, pone una lupa internacional sobre esta emergencia que exige acciones inmediatas y contundentes..