FGR investiga a sobrinos de Rafael Ojeda por red de huachicol fiscal y lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó la investigación en contra de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farias Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda. Ambos altos mandos navales son señalados por su presunta participación en una extensa red dedicada al huachicol fiscal, lavado de dinero y corrupción.

La causa penal 325/2025 detalla que los imputados operaban dentro de una estructura que incluía a servidores públicos, civiles y empresas para realizar operaciones con recursos ilícitos. Las autoridades financieras descubrieron que los ingresos legales de los hermanos Farias Laguna no se correspondían con su elevado nivel de vida.

El vicealmirante Manuel Roberto, por ejemplo, recibió 12. 1 millones de pesos en nómina entre 2020 y 2024, pero realizó depósitos y compras que superaban ampliamente ese monto. Se identificaron operaciones sospechosas como la adquisición de inmuebles, vehículos de lujo y seguros con pagos en efectivo, así como transacciones inmobiliarias que parecían ser ventas ficticias entre familiares.

La situación legal de los hermanos presenta destinos divergentes.

Manuel Roberto Farias Laguna fue detenido el 2 de septiembre de 2025 y actualmente se encuentra recluido en el penal federal del Altiplano. Por su parte, Fernando Farias Laguna se encuentra prófugo desde el 2 de octubre, después de perder una suspensión que lo protegía de ser capturado, y su audiencia inicial está programada para el 20 de octubre.

La FGR logró rastrear miles de comunicaciones telefónicas que vinculan a los hermanos con operaciones en zonas navales y aduanas, sugiriendo una coordinación para actividades ilícitas. Las consecuencias de este caso se extienden más allá de los dos imputados principales, apuntando a una red de corrupción profundamente arraigada.

La FGR ya solicitó la intervención de comunicaciones privadas para fortalecer las pruebas en su contra. Este escándalo involucra también a tres empresarios, cuatro marinos en activo, un naval retirado y cinco exfuncionarios de aduanas, evidenciando una operación delictiva de amplio alcance que habría funcionado durante años con ganancias ilícitas.

El proceso judicial continuará en el penal del Altiplano, donde se definirá la situación legal de todos los implicados..