Fiscalía de Godoy judicializa caso penal contra activista anticorrupción María Amparo Casar

La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó una investigación penal contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El expediente la señala por su probable intervención en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, figura típica para servidores públicos, vinculándola al cobro de una pensión por viudez de Pemex tras el fallecimiento de su esposo en 2004.

La acción legal ocurre pese a que la propia fiscal general, Ernestina Godoy, prometió al asumir el cargo que no habría persecución política. Este caso se suma a un procedimiento administrativo de Pemex para cancelar la pensión, ya ganado por Casar en dos instancias, y a una demanda civil que reclama la devolución de millones de pesos.

El contexto de esta acción judicial está marcado por una larga y pública confrontación. El expresidente Andrés Manuel López Obrador atacó en más de cien ocasiones a Casar y a su organización desde sus conferencias matutinas, acusándola de corrupción y tildando a MCCI de ser un brazo opositor.

Incluso ordenó la publicación de datos personales de la activista y su familia.

La base de las acusaciones es la naturaleza de la muerte de su esposo, que López Obrador calificó de suicidio para invalidar los pagos. Sin embargo, una investigación de la aseguradora Generali determinó que fue accidental y pagó la póliza, mientras que la procuraduría capitalina de entonces, a cargo de Bernardo Bátiz, descartó homicidio aunque cerró la carpeta citando una posible decisión personal de privarse de la vida.

Las consecuencias de este caso trascienden lo individual y plantean un grave precedente sobre el estado de derecho. La judicialización de un asunto que podría resolverse por vías administrativas, aplicando un tipo penal diseñado para funcionarios a una ciudadana, es interpretado por analistas como un acto de acoso jurídico.

Esto genera alarma sobre el uso de las instituciones para hostigar a críticos y organizaciones de la sociedad civil. La propia FGR anunció que analiza la indagatoria para verificar su legalidad, lo que deja abierta la posibilidad de una enmienda.

El caso prueba el compromiso real del gobierno con la no criminalización de la disidencia y la independencia judicial en México..