Fiscalía de Oaxaca bajo sospecha por red de tráfico de autos robados desde corralones

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) enfrenta una crisis de credibilidad tras la difusión de un video que muestra un vehículo con reporte de robo circulando libremente, pese a haber sido asegurado previamente. El material audiovisual, que se volvió viral en redes sociales, detalla cómo unidades retenidas bajo el argumento de contar con denuncia de hurto fueron posteriormente extraídas de corralones no oficiales y trasladadas a domicilios clandestinos.

Ante la presión ciudadana, el Fiscal General Bernardo Rodríguez Alamilla ordenó la apertura de dos expedientes internos para investigar lo que parece ser una red de tráfico de autos robados operando desde las propias instalaciones de la dependencia. Este escándalo agrava un problema estructural de desconfianza que, según datos del INEGI, ubica la aprobación de la FGEO en apenas un 65%, muy por debajo de corporaciones federales como la Guardia Nacional.

El déficit crónico de Ministerios Públicos, peritos y policías de investigación ha provocado que las denuncias se acumulen, alargando los tiempos de espera y desalentando a las víctimas. A esto se suma un trámite burocrático lento que, en muchos casos, obliga a los ciudadanos a pasar largas jornadas para levantar un acta, lo que genera la percepción generalizada de que “denunciar no sirve de nada”.

La corrupción percibida dentro de las agencias del Ministerio Público es un componente histórico de esta desconfianza, pues el temor a ser extorsionado o a que las carpetas de investigación sean “congeladas” o extraviadas deliberadamente debilita el tejido social. La crisis se agudiza de forma crítica cuando se trata de delitos contra mujeres y defensores de derechos humanos, donde la impunidad es aún más notoria.

En este contexto, el reciente caso de los autos robados no es un hecho aislado, sino un síntoma de una institución que requiere una reingeniería profunda para recuperar la legitimidad perdida. Mientras la FGEO lidia con este escándalo, el Poder Judicial de Oaxaca busca anticiparse a los retos de la reforma judicial.

La magistrada presidenta Érika María Rodríguez Rodríguez afirmó durante el II Foro Nacional “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares” que la entidad no se detendrá y continuará impulsando acciones de capacitación gradual para llegar en condiciones óptimas a la entrada en vigor del nuevo código. Sin embargo, Juan Carlos Díaz Carranza, presidente de la Comisión para la Implementación, reconoció que Oaxaca enfrenta retos mayúsculos debido a su compleja orografía y a la necesidad de integrar a las comunidades indígenas.

A esto se suma el rezago estructural y tecnológico, así como la ausencia de una partida presupuestal específica para la inversión necesaria. Paralelamente, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, anunció una auditoría jurídica inmediata para revisar el estatus legal de los sindicatos de transporte, construcción y comercio, advirtiendo que “la época en la que hacían lo que querían amparados en el chantaje social se terminó”.

Estas medidas buscan restaurar la confianza en las instituciones, aunque el camino es largo y lleno de obstáculos..