Gobierno acelera reforma judicial para retrasar elecciones de jueces a 2028

El gobierno federal ha puesto en marcha una ofensiva legislativa para reformar el proceso de elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de retrasar los comicios programados para 2027 hasta 2028. Fuentes oficiales confirmaron que se convocará a un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso la próxima semana, donde se discutirá una iniciativa que modifica el calendario electoral.

La medida surge tras reconocer que el sistema actual para seleccionar a los integrantes del Poder Judicial es deficiente, tanto por el alto costo de una elección especial como por la falta de aspirantes con la capacidad técnica necesaria para impartir justicia. Críticos señalan que esta reforma busca corregir parcialmente un error del anterior gobierno, que impulsó la desaparición de tribunales y la elección popular de juzgadores como parte de una venganza contra un Poder Judicial autónomo que bloqueó cambios constitucionales.

El nuevo régimen, respaldado por una mayoría calificada obtenida en 2024 tras fallos electorales controvertidos, ya había eliminado la facultad de la Suprema Corte para impugnar reformas a la Carta Magna. El contexto de esta reforma se enmarca en una serie de tensiones entre los poderes del Estado.

En 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concedieron a Morena y sus aliados una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que luego se replicó en el Senado mediante cooptación y presiones. Con ese poder, el oficialismo aprobó la desaparición de tribunales desde juzgados de primera instancia hasta la Suprema Corte, bajo el argumento populista de que los nuevos juzgadores serían elegidos directamente por el pueblo.

Sin embargo, la realidad ha mostrado que muchos jueces y ministros actuales no aprobarían un examen semestral en una universidad prestigiosa, lo que ha generado dudas sobre la calidad del sistema. La administración actual busca ahora retrasar las elecciones para ganar tiempo y corregir estas deficiencias, aunque en medios oficiales se niega que se trate de un ajuste a los errores del pasado.

Las consecuencias de esta reforma podrían ser profundas para el equilibrio de poderes en México. Al retrasar la elección de jueces, el gobierno mantiene el control sobre un Poder Judicial que ya ha sido debilitado, mientras que la oposición denuncia un intento de consolidar el poder sin rendición de cuentas.

Paralelamente, el INE enfrenta su propia crisis tras cancelar el examen a más de 20 mil aspirantes por fallas en la plataforma de Ceneval, lo que ha generado interrogantes sobre la capacidad técnica del organismo. Mientras tanto, en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta avanza con un modelo de administración consistente, reconocido por la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar inversiones como la planta de paneles solares Tonalli, que generará 1,200 empleos con capital local y de migrantes.

Este contraste entre la eficiencia estatal y los problemas federales refleja la complejidad del momento político que vive el país..