Gobierno de la 4T busca reformar fiscalías estatales para combatir impunidad

El gobierno federal avanza hacia una reforma de las fiscalías estatales, argumentando ineficacia y politización. Según fuentes oficiales, el objetivo es modernizar su operación y mejorar la procuración de justicia, aunque críticos temen un control centralizado. La iniciativa, aún en discusión, modificaría desde la designación de titulares hasta los plazos de gestión, buscando reducir el rezago de casos y la impunidad. La presidenta Claudia Sheinbaum ha negado que se pretenda vulnerar su autonomía, pero admite la necesidad de sacudir sus estructuras. El debate surge en un contexto de desconfianza hacia las fiscalías, marcado por escándalos en estados como Morelos, Tamaulipas y Guanajuato. Estas instituciones han sido acusadas de sesgo político y lentitud, acumulando

miles de carpetas sin resolver. Mientras Morena insiste en que la reforma es técnica, opositores señalan que podría usarse para alinear las fiscalías con el proyecto de la 4T, replicando tensiones como las vividas en Nuevo León. Las consecuencias de no actuar, según el oficialismo, son claras: impunidad crónica y erosión de la confianza ciudadana. Sin embargo, la falta de consenso y las divergencias dentro de la coalición gubernamental complican el proceso. Mientras algunos legisladores proponen devolver el control a los gobernadores, otros buscan mayor intervención federal. El resultado de esta pugna definirá no solo el futuro de las fiscalías, sino también el acceso a la justicia para millones de mexicanos.