Gobierno federal vigilará que aseguradoras no trasladen el pago del IVA a clientes en pólizas e indemnizaciones

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha emitido una advertencia firme a las aseguradoras que operan en México: vigilará que no trasladen a sus clientes el costo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por servicios e indemnizaciones. Esta postura surge tras la modificación en la Ley de Ingresos para 2026, que elimina la posibilidad de que las compañías acrediten o deduzcan el IVA en los pagos por siniestros.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) enfatizó que el cambio normativo busca cerrar espacios de interpretación que permitían deducciones indebidas, una práctica que representaba una importante evasión fiscal y que ahora las empresas deben absorber como parte de su estructura de costos. La medida ha generado tensión con el sector, el cual durante años gozó de este beneficio fiscal.

El conflicto se agudizó en 2024 cuando aseguradoras como Bancomer, Axa y GNP interpusieron amparos argumentando que la disposición original del SAT, que les exigía pagar adeudos retroactivos, las llevaría a la quiebra. Tras una larga negociación que incluyó la intervención del anterior gobierno, se llegó a un acuerdo: se condonaron los adeudos de IVA de los ejercicios 2021 a 2024, pero las empresas están obligadas a pagar lo correspondiente a 2025 en adelante, sin posibilidad de deducirlo.

Este pacto evitó un cobro masivo estimado en 175 mil millones de pesos. Pese a esta condonación, el sector ha alertado sobre posibles ajustes en los precios de las pólizas.

Asesores y agentes han comunicado a clientes sobre incrementos potenciales de hasta un 20 por ciento, argumentando el impacto del nuevo marco fiscal en sus costos. Ante estos señalamientos, la presidenta Sheinbaum respondió de manera contundente en conferencia, indicando que el cambio normativo no debe trasladarse automáticamente al usuario final y ordenando a Hacienda mantener una supervisión estricta.

Las consecuencias de esta reforma son de gran alcance. Por un lado, fortalece la recaudación fiscal y promueve la equidad tributaria, asegurando que todas las empresas operen bajo reglas claras y sin ventajas distorsionantes.

Por otro, coloca a la autoridad en un rol de vigilante activo para proteger el poder adquisitivo de los consumidores. La SHCP ha dejado claro que cualquier aumento injustificado en los precios será considerado un abuso.

Este episodio marca un punto de inflexión en la relación fiscal con un sector estratégico, subrayando la determinación del gobierno de que la carga tributaria recaiga sobre las empresas y no sobre los ciudadanos, al tiempo que se sienta un precedente para evitar traslados automáticos de obligaciones fiscales a los precios finales..