Gobierno de México niega pactos con el crimen ante posible operación del FBI

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó de manera contundente que el Gobierno de México no realiza pactos con organizaciones criminales, luego de que se difundiera información sobre la supuesta participación del Buró federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos en la captura del capo Ismael El Mayo Zambada, ocurrida en julio de 2024. La funcionaria federal señaló de forma categórica: “Lo más relevante y, en su caso: ¿quién hace y quién ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada?”, al advertir que, si se confirma la intervención de la agencia estadounidense sin el consentimiento ni conocimiento de las autoridades mexicanas, esto constituiría una grave transgresión a la soberanía del país y al marco jurídico internacional.

De acuerdo con la relatoría oficial de hechos, la controversia inició tras la detención de Ovidio “N” el 5 de enero de 2023 en Culiacán, Sinaloa, operativo en el que fallecieron 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y su posterior extradición el 15 de septiembre de ese año. El conflicto escaló el 25 de julio de 2024, fecha en que la Embajada de Estados Unidos modificó la medida cautelar de Ovidio “N” sin consulta previa, violando el Tratado de Extradición, el mismo día en que una aeronave que viajaba con su localizador apagado —y encendido solo cinco minutos antes de aterrizar— trasladó a Joaquín “N” e Ismael “N” hacia Santa Teresa, Estados Unidos, donde fueron asegurados por las autoridades de ese país.

A pesar de que el 9 de agosto de 2024 el embajador Ken Salazar declaró públicamente que ninguna agencia de su país participó en dicho operativo, un reportaje periodístico publicado el pasado 2 de julio de 2026 reveló que el FBI exhibe la avioneta utilizada en una muestra de aeronaves de guerra como parte de una operación propia. Ante estas contradicciones institucionales y hechos posteriores, como la recepción en Estados Unidos de 17 familiares de Ovidio “N” el 9 de mayo de 2025, la administración mexicana enfatizó que una acción unilateral representaría una violación directa a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional.

Por ello, la titular de Gobernación remató de forma tajante: “Debe quedar claro que el Gobierno de México no hace pactos criminales con nadie”. La postura del Ejecutivo federal busca deslindar cualquier vínculo con el crimen organizado y reafirmar el respeto a la soberanía nacional, mientras se espera una investigación exhaustiva sobre la presunta injerencia extranjera en territorio mexicano..