El gobierno de México cancela a ONG críticas: ¿estrategia para silenciar la disidencia?

Desde el inicio de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se observó una política sistemática de reducción del apoyo estatal a las organizaciones no gubernamentales. Esta estrategia se fundamentó en una visión autoritaria que percibe a la sociedad civil organizada como un adversario en lugar de un contrapeso democrático.

La suspensión de subsidios fue solo el primer paso en un esfuerzo por debilitar a las entidades que realizan diagnósticos independientes y críticos sobre las políticas públicas. Este enfoque ignora que una red robusta de asociaciones civiles fortalece la deliberación pública y enriquece la relación entre la ciudadanía y sus gobernantes.

Para los regímenes con aspiraciones hegemónicas, sin embargo, estas organizaciones representan un obstáculo molesto. El contexto se agravó notablemente cuando el Servicio de Administración Tributaria canceló la autorización para recibir donativos deducibles a un centenar de asociaciones.

Entre las afectadas se encuentran instituciones de gran prestigio y trayectoria como Mexicanos Primero, México Evalúa y Mexicanos Unidos Contra la Corrupción. Esta acción fiscal no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una tendencia regional de creación de leyes que restringen el trabajo de las ONG, como ha documentado Amnistía Internacional.

La consecuencia práctica es clara: menos recursos para la defensa de derechos humanos, el apoyo legal a víctimas y la protección de grupos vulnerables. Como señaló una analista, cuando se debilita a estas organizaciones, crecen la corrupción y los abusos de poder, dejando a la sociedad sin vigilantes independientes.

Las consecuencias de esta ofensiva contra la sociedad civil son profundas y erosionan los cimientos del sistema democrático. Este episodio es un eslabón más en un proyecto de concentración de poder que ha incluido el intento de domesticar el Poder Judicial y la desaparición de órganos autónomos.

El objetivo subyacente parece ser alinear a una sociedad compleja y diversa bajo un solo credo y un mando único, anulando los contrapesos. Las ONG encarnan la vitalidad cívica al permitir que ciudadanos con diversas preocupaciones propongan soluciones y enriquezcan el debate público.

Atacar su viabilidad financiera no es solo un acto de censura, sino la activación de un mecanismo autoritario que busca el silencio y la sumisión, debilitando la capacidad colectiva para exigir transparencia y rendición de cuentas al poder..