Gobierno de México investigará operativo en Chihuahua con extranjeros

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha manifestado su preocupación por la presencia y participación de personas extranjeras en un operativo contra narcotraficantes en el estado de Chihuahua, ordenando una investigación a fondo para esclarecer los hechos. Esta postura, centrada en el cumplimiento de la ley y el respeto al marco jurídico nacional, ha sido recibida con beneplácito por diversos sectores que exigen transparencia en las acciones de seguridad.

La mandataria busca garantizar que cualquier intervención externa se ajuste estrictamente a los protocolos legales, evitando violaciones a la soberanía nacional. Este caso ha reavivado el debate sobre la cooperación internacional en materia de seguridad y la necesidad de que todas las autoridades, sin distinción, rindan cuentas ante la ley.

En paralelo, la exigencia de legalidad ha puesto el foco en otras figuras políticas. Se espera que la misma rigurosidad aplicada al caso de Chihuahua se extienda a investigaciones sobre el gobernador de Sinaloa y la gobernadora de Baja California, así como al senador Adán Augusto López, señalado por presuntos vínculos con un delincuente durante su gestión en Tabasco.

También se menciona la necesidad de indagar a quienes estarían implicados en el huachicol, un ilícito que habría beneficiado a miembros del partido oficialista.

La ciudadanía observa con atención si la promesa de combatir la corrupción desde arriba, como lo expresó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se traduce en acciones concretas contra todos los involucrados, independientemente de su filiación política. Por otro lado, la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, ha sido objeto de contrastes.

Se celebra su gestión para lograr la liberación del conductor del tren Interoceánico accidentado en diciembre, tras firmar acuerdos reparatorios con las víctimas. Sin embargo, persisten graves cuestionamientos sobre el pasado de la institución, particularmente por el caso de Jesús Murillo Karam, exfuncionario encarcelado desde 2019 por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Críticos señalan que fue señalado como responsable para atender el reclamo de los padres, a pesar de su presunta inocencia. Se espera que la fiscal revise este caso, así como el del segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio, para hacer justicia sin ceder a presiones externas..