Gobierno de Sheinbaum depura registro de desaparecidos y genera temor de maquillar la crisis

La administración de Claudia Sheinbaum ha iniciado un proceso para depurar y actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La iniciativa, presentada como un esfuerzo técnico indispensable para cruzar bases de datos y verificar identidades, busca distinguir entre casos resueltos y activos.

Sin embargo, este anuncio ha encendido las alarmas entre los colectivos de búsqueda y familiares de víctimas, quienes temen que detrás de la operación estadística se esconda un intento de reducir artificialmente las cifras del horror. La desconfianza nace de un antecedente inmediato: el gobierno federal solo reconoce como verificados alrededor de 43 mil casos de los más de 132 mil registrados.

Este contexto convierte una tarea necesaria en un gesto políticamente contaminado, donde la frontera entre corregir errores y corregir la realidad se desdibuja. El problema de las desapariciones forzadas en México no es nuevo, sino una epidemia que se incubó y expandió desde la llamada guerra contra el narcotráfico.

A lo largo de sexenios, el Estado ha fracasado en su obligación de prevenir, investigar y sancionar estos crímenes, normalizando una dolorosa ausencia. La respuesta institucional ha sido históricamente fragmentaria, opaca y lenta, dejando a las familias en una orfandad absoluta.

En este escenario, organismos internacionales como la ONU han mantenido un escrutinio constante sobre México, presionando para que el tema se eleve a instancias superiores. La resistencia gubernamental, a menudo amparada en discursos de soberanía, ha profundizado la brecha de confianza con una sociedad civil que ha tenido que organizarse para suplir las omisiones del poder.

Las consecuencias de una depuración mal ejecutada o poco transparente serían devastadoras. Se corre el riesgo de que, bajo un lenguaje técnico, se realice una rasurada política que invisibilice aún más a miles de víctimas, afectando la asignación de recursos para búsquedas y el diseño de políticas públicas.

Mientras tanto, la emergencia continúa: fiscalías sin investigar, falta de coordinación gubernamental y presupuestos insuficientes. Lo que México necesita urgentemente no es una goma de borrar para ajustar narrativas, sino instituciones robustas, fiscalías que investiguen con diligencia y un registro que refleje fielmente la magnitud de la tragedia.

La deuda es ética y moral, y no se salda con simulaciones..