Guardia Nacional admite error fatal: No debimos disparar en caso de estudiante Ángel Yael en Irapuato

La Guardia Nacional ha admitido ante un tribunal que no existía motivo alguno que justificara los disparos que hace casi cuatro años acabaron con la vida del estudiante de agronomía Ángel Yael e hirieron gravemente a otra joven en Irapuato, Guanajuato. Durante el juicio contra los elementos Jesús N e Iván N, el capitán al mando del operativo, Becerra, y otros tres subordinados coincidieron en testimonio que no se percibía ninguna situación de peligro cuando su convoy se aproximó a un grupo de estudiantes que se encontraba conviviendo en la Ex Hacienda El Copal.

Los agentes implicados formaban parte de un recorrido de vigilancia de tomas clandestinas de hidrocarburos en el poliducto Salamanca-León, una rina que realizaban diariamente. Según los testimonios, los acusados se bajaron de su vehículo y cortaron cartucho sin previo aviso, procediendo a disparar contra una camioneta en la que huían los jóvenes, quienes nunca recibieron una orden de alto mediante comando de voz, luces o sirena.

El contexto de este caso revela una grave desviación de los protocolos establecidos para el uso de la fuerza. La orden de servicio presentada como prueba en el juicio estipulaba claramente que todas las acciones debían documentarse y realizarse con estricto apego a la Ley Nacional de Seguridad, la Ley de la Guardia Nacional y los derechos humanos.

Sin embargo, los hechos ocurridos el 27 de abril de 2022 contradicen frontalmente estos mandatos. Pese a que los elementos trataron de justificar sus actos alegando que la zona era de alto riesgo por el huachicol, admitieron que en más de 30 recorridos previos nunca habían detenido a nadie y que las tomas clandestinas aquel día estaban inactivas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya había acreditado en 2022 el uso excesivo de la fuerza, violando el derecho a la vida y a la integridad personal. Las consecuencias de este acto son profundas y continúan desarrollándose.

Ángel Yael perdió la vida por un impacto de bala calibre . 308 Winchester que atravesó el vehículo, mientras que una compañera sufrió fracturas graves en el húmero, omóplato y clavícula, requiriendo reconstrucción quirúrgica y quedando con movilidad limitada. Los testimonios de las víctimas sobrevivientes detallan el terror del momento, escuchando los disparos sin comprender por qué eran atacados, y la fría respuesta de un oficial al ser cuestionado: pues para qué se van.

El caso, investigado por la Fiscalía General de la República, se ha visto marcado por aplazamientos judiciales que han generado frustración en la asesoría jurídica de las familias. La admisión de culpa por parte de los compañeros de los acusados representa un punto de inflexión, pero la búsqueda de justicia completa y las reformas institucionales para evitar que hechos así se repitan siguen siendo una demanda pendiente de la sociedad y de la comunidad universitaria de Guanajuato, que permanece atenta al desenlace legal..