Hermana de Emilio Lozoya denuncia filtración ilegal de su arresto en amparo

La hermana del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, presentó un nuevo recurso legal para frenar lo que su defensa califica como una violación sistemática a sus derechos humanos. Gilda Susana Lozoya Austin promovió un juicio de amparo el pasado 24 de julio ante el juzgado octavo de distrito en materia penal en Ciudad de México, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) filtrara información confidencial, fotografías y videos tomados durante su arresto el 2 de julio en el Aeropuerto Internacional de la CDMX.

La demanda señala directamente a la FGR por vulnerar el debido proceso al difundir imágenes de la imputada esposada y custodiada por agentes, lo que su abogado, Alejandro Rojas Pruneda, considera una grave violación a la presunción de inocencia y a la protección de datos personales. Sin embargo, el juez Rubén Darío Noguera Gregoire otorgó un plazo de cinco días para que la quejosa aclare bajo protesta de decir verdad los actos que desea combatir, advirtiendo que de no hacerlo, la demanda se tendrá por no presentada.

El caso se remonta a principios de mes, cuando la FGR imputó a Gilda Susana por su presunta participación en el lavado de 3. 4 millones de dólares que su hermano recibió como soborno de Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México, para que Pemex adquiriera la planta Agronitrogenados en 2012. Aunque la jueza de control Nora Ileana García Peralta vinculó a proceso a la hermana de Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita, decidió dejarla en libertad condicional al considerar que la FGR no aportó pruebas suficientes para justificar prisión preventiva.

La togada señaló que el Ministerio Público no demostró haber investigado su paradero durante tres años ni haberla citado a comparecer, aunque calificó de legal la detención. Esta decisión contrasta con la postura de la fiscalía, que buscaba mantenerla bajo custodia mientras se resuelve su situación jurídica.

La defensa de Gilda Susana ha sido contundente al calificar la difusión de su imagen como un acto ilegal que atenta contra su dignidad humana. En una carta difundida semanas atrás, Rojas Pruneda afirmó que la ejecución de la orden de aprehensión fue innecesaria, ya que la defensa mantenía comunicación permanente con la fiscalía y su representada estaba dispuesta a comparecer voluntariamente.

El abogado reiteró que la publicación de las fotografías y videos, donde se ve a la imputada sometida y esposada, viola los artículos 113 fracciones XIV y XV del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de vulnerar su privacidad y presunción de inocencia. Este nuevo amparo busca frenar lo que la defensa considera una campaña de desprestigio y garantizar que se respeten los derechos fundamentales de su clienta en el proceso penal que enfrenta..