Hernán Bermúdez se declara inocente y denuncia persecución política desde el Altiplano

A casi un año de su detención, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, emitió una carta pública fechada el 3 de agosto donde se declaró inocente de los cargos de secuestro, extorsión, asociación delictuosa y desaparición forzada. Desde el Penal Federal del Altiplano, el exfuncionario calificó el proceso en su contra como una persecución política y mediática, orquestada con acusaciones carentes de sustento.

Bermúdez defendió su trayectoria institucional, asegurando contar con una foja de servicio limpia respaldada por su colaboración bajo seis exgobernadores tabasqueños, y señaló que los testimonios en su contra fueron obtenidos mediante beneficios procesales a presuntos testigos. El contexto revela que el exjefe policial presentó el 31 de julio una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el escrito, acusa a autoridades gubernamentales de Tabasco y a diversos medios de comunicación de vulnerar de manera reiterada su presunción de inocencia y el debido proceso.

Según el documento, se le ha calificado públicamente como delincuente y se le ha vinculado con la dirigencia del grupo criminal La Barredora, lo que ha generado un clima de condena anticipada que afecta su derecho a un juicio justo. Bermúdez sostiene que estas acciones han sido sistemáticas, configurando una estrategia para desacreditar su defensa antes de que se desahoguen las investigaciones ministeriales.

Las consecuencias de este caso trascienden el ámbito judicial, pues el exfuncionario apela a la imparcialidad del Poder Judicial de la Federación para que su juicio sea conducido con estricto apego al principio de igualdad procesal. Bermúdez exige que se desestime la validez de los testimonios utilizados en su contra mientras se completan los plazos de investigación, argumentando que las acusaciones forman parte de un montaje para justificar su reclusión.

Este pronunciamiento podría reabrir el debate sobre el uso político del sistema penal en México, mientras organizaciones de derechos humanos observan de cerca el desarrollo del caso, que permanece en fase de investigación y podría sentar un precedente sobre la protección de la presunción de inocencia en procesos de alto perfil..