Hidalgo impulsa ley para castigar usurpación de identidad indígena en elecciones como delito

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Hidalgo colabora en una iniciativa nacional para reformar la ley general. El objetivo es tipificar específicamente la usurpación de identidad indígena con fines electorales como un delito. Esta propuesta nace desde la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales. Aunque en Hidalgo no se han registrado denuncias formales, se identifica como una conducta recurrente en otros estados del país. La medida busca proteger los derechos políticos de las comunidades originarias. La fiscal Diana Jeanethe Rodríguez López destacó que el caso del diputado federal Asael Hernández no fue el detonante directo de esta iniciativa. El proyecto ya se encontraba en desarrollo desde la asociación de fiscales para atender una problemática generalizada. Se busca evitar que personas ajenas a estas comunidades ocupen espacios de representación reservados para ellos.

La reforma pretende ser integral y aplicable a nivel federal. Las sanciones propuestas para este delito electoral varían entre los diferentes estados que impulsan la iniciativa. Algunas propuestas contemplan penas de inhabilitación para el servicio público que oscilan entre dos y cinco años. Otras elevan la sanción mínima a tres años de prisión, además de multas económicas. La gravedad de la condena final dependerá de la conducta específica y de cómo se acredite la usurpación. La fiscal indicó que el análisis para determinar el castigo preciso aún está en curso. Adicionalmente, se evalúa incluir en la misma reforma la protección contra la usurpación de identidad de la comunidad LGBTQI+. Esto con el fin de garantizar los espacios de representación para todos los grupos vulnerables y asegurar procesos electorales equitativos.