Hoteleros de la CDMX alertan sobre complejidad y costos de nuevas leyes de seguridad obligatorias

Los líderes hoteleros de la Ciudad de México han expresado su preocupación y las complicaciones operativas que enfrentan para implementar las nuevas medidas de seguridad publicadas en la Gaceta Oficial en diciembre de 2025. Javier Puente García, presidente de la Asociación de Hoteles de la CDMX, señaló que requisitos como registrar la hora exacta de check out de cada huésped o la placa de todos los vehículos son inviables en la dinámica hotelera actual, donde los huéspedes pagan con anticipación y salen libremente, y muchos estacionamientos son manejados por terceros con convenios.

El decreto, que modifica la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Turismo, obliga a los hoteles a contar con sistemas de seguridad aprobados, identificar a todos los huéspedes, registrar sus datos y horas de entrada y salida, y almacenar esa información por un año. Además, se requiere la instalación de videovigilancia en accesos y áreas comunes con almacenamiento de imágenes por 90 días, así como la contratación de personal de seguridad privada registrado ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El plazo para cumplir con estas disposiciones venció el 18 de abril, lo que ha generado una carrera contra el tiempo para muchas empresas del sector. Más allá de los desafíos logísticos, el sector hotelero capitalino muestra un profundo desacuerdo con el marco sancionador de la nueva normativa.

Puente García criticó que se impongan sanciones, e incluso la posibilidad de extinción de dominio, por incumplir puntos que consideran imposibles de aplicar, lo que genera una gran inconformidad.

El dirigente afirmó que, aunque como asociación no pueden interponer un amparo colectivo, cada hotel evaluará cómo proteger sus intereses legalmente. Por otro lado, la diputada Elizabeth Mateos, promotora de la reforma, defendió las medidas como razonables y necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios, aceptando que implican un costo adicional pero justificado.

Esta postura contrasta con la realidad de hoteles pequeños y medianos, donde el cumplimiento representa una carga financiera significativa. La aplicación de la ley revela un panorama desigual dentro de la industria hotelera de la capital.

Mientras algunos establecimientos ya cumplen con parte de las disposiciones, otros, como el Hotel Mexicali en Tlalpan, alertan sobre los elevados costos de implementar sistemas de videovigilancia con capacidad de almacenamiento. En contraste, empleados de hoteles como el Calvin, en el Centro Histórico, admiten desconocer por completo los cambios legales.

Esta falta de uniformidad en la información y la capacidad de inversión podría generar una aplicación dispareja de la ley, afectando principalmente a los negocios más pequeños y poniendo en riesgo su viabilidad económica frente a las multas establecidas..