IEEPCO enfrenta reto histórico: elecciones 2027 sin sesgos ni violencia

El proceso electoral 2026-2027 en Oaxaca arranca con una exigencia ciudadana sin precedentes: un árbitro electoral verdaderamente imparcial. Diversos actores políticos, organizaciones civiles y la ciudadanía han emplazado al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) a blindar cada etapa del proceso.

La demanda central es que el reclutamiento de consejerías y vocalías se realice con rigor metodológico absoluto, evitando cualquier sesgo partidista en los órganos desconcentrados. Además, se exige un control riguroso sobre la asignación y ejercicio del financiamiento público destinado a partidos y candidaturas independientes, con auditorías externas previas y máxima publicidad en el Programa de Resultados Electorales Preliminares durante la noche de la jornada electoral.

El Congreso local ha dado un paso firme al exhortar al IEEPCO a aplicar de manera ineludible la ley 3 de 3 contra la violencia. Esto implica verificar los antecedentes de aspirantes, precandidatos y candidatos mediante el cruce de información con el Registro Civil, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

El objetivo es impedir que personas con sentencias por violencia de género, violencia familiar o deudores alimentarios morosos lleguen a espacios de poder.

La presidenta del PRI en Oaxaca, María del Carmen Ricárdez Vela, ha sido contundente: el proceso debe ser ciudadano, no un proceso de Estado que beneficie al partido en el poder. También ha solicitado sancionar actos anticipados de campaña y cualquier irregularidad, mientras que las acciones afirmativas para comunidades indígenas, afromexicanas y LGBTTTIQ+ deberán ser verificadas públicamente para evitar simulaciones.

En paralelo, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) enfrenta una crisis interna por denuncias de cobros excesivos. Estudiantes de la Facultad de Medicina y Cirugía tomaron instalaciones para protestar por tarifas que alcanzan los 250 mil pesos por un lugar, así como cuotas de reinscripción superiores a 30 mil pesos y cobros obligatorios por conceptos como áreas blancas.

Por otra parte, la magistrada presidenta del Poder Judicial del estado, Erika María Rodríguez Rodríguez, admitió que no hay infraestructura material ni humana para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en abril de 2027, pese a que las capacitaciones continúan. La falta de presupuesto para contratar jueces, intérpretes y mediadores amenaza con retrasar una reforma clave para la justicia cotidiana en Oaxaca..