Impunidad en Eloxochitlán: Tribunal pone en riesgo justicia por feminicidio y homicidios de 2014

Han transcurrido casi doce años desde que la violencia extrema irrumpió en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. El 14 de diciembre de 2014, durante una asamblea comunitaria, fueron asesinados Manuel Zepeda y Gustavo Estrada.

En el mismo ataque, Elisa Zepeda Lagunas y su madre sufrieron agresiones físicas graves en lo que se tipificó como tentativa de feminicidio. Recientemente, un Tribunal Colegiado emitió una resolución que, según la víctima y ahora diputada local Elisa Zepeda, omite un análisis integral y una perspectiva de género, priorizando un enfoque intercultural que podría derivar en la libertad de uno de los sentenciados, Miguel Ángel Peralta.

Este fallo judicial representa un punto crítico que amenaza con consolidar la impunidad. El contexto del caso está marcado por una profunda confrontación política y social en la Sierra Mazateca.

Los señalados como responsables, entre ellos el exalcalde Alfredo Bolaños Pacheco y su asesor Jaime Betanzos Fuentes, han construido una narrativa que los presenta como presos políticos, utilizando su identidad indígena para ganar apoyo de organizaciones civiles.

Sin embargo, Zepeda sostiene que la agresión no respondió a su desempeño en un cargo público —pues no ocupaba ninguno en 2014—, sino a su liderazgo social y su labor en defensa de los derechos de las mujeres, lo que desafiaba las estructuras de poder local. La violencia, por tanto, tuvo un claro componente de género y político.

Las consecuencias de esta resolución son múltiples y graves. Para la familia Zepeda y la comunidad, existe un temor fundado a que la falta de sentencias firmes permita la repetición de actos violentos.

Además, Elisa Zepeda enfrenta una continua campaña de difamación en redes sociales, una extensión de la violencia política que inició hace una década. La decisión del tribunal, al enfatizar los derechos procesales de los acusados bajo un prisma intercultural, ha dejado en un segundo plano la protección de las víctimas y la gravedad de delitos como la tortura y la privación de la vida.

La lucha legal continúa, con la defensa buscando que se revise el fallo y se centre en las violaciones a los derechos humanos, mientras las víctimas indirectas, como la esposa e hijas de Manuel Zepeda, siguen esperando justicia..