Impunidad en México: La crisis de justicia que alimenta homicidios y feminicidios día a día

La impunidad en México no es un concepto abstracto sino una realidad cotidiana que se mide en vidas perdidas y familias destrozadas sin esperanza de justicia. Datos oficiales revelan que solo uno de cada diez homicidios en el país culmina en una condena, lo que significa que en el 90% de los casos los responsables nunca enfrentan las consecuencias de sus actos.

Esta cifra brutal es el telón de fondo de una crisis de seguridad donde la violencia, incluidos los feminicidios, persiste no por falta de leyes, sino por la incapacidad estructural del Estado para investigar, procesar y sancionar. La reciente iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para homologar los criterios de feminicidio en todas las entidades federativas busca atacar una grave disparidad, pero enfrenta el enorme desafío de un sistema de justicia colapsado.

El contexto de esta iniciativa se enmarca en un historial de reformas legales que, aunque necesarias, han demostrado ser insuficientes para transformar la realidad. México ha producido en los últimos años una amplia legislación en materia penal, derechos humanos y género, con tipificaciones, protocolos y alertas.

Sin embargo, la violencia y los feminicidios continúan siendo una tragedia diaria, evidenciando que el problema de fondo radica en las instituciones. Las fiscalías estatales y federales operan con severas carencias de recursos, personal capacitado, tecnología y coordinación.

Agentes del Ministerio Público saturados, policías investigadoras sin herramientas y peritos con limitaciones técnicas conforman un panorama donde la investigación de delitos complejos se vuelve una tarea casi imposible, generando carpetas mal integradas y procesos judiciales que se desvanecen. Las consecuencias de esta impunidad generalizada se reflejan en casos concretos que muestran las distintas caras del fracaso.

El asesinato de colaboradores de Clara Brugada en la Ciudad de México, aún sin autores materiales identificados tras diez meses, ejemplifica la justicia simulada con detenciones periféricas. En contraste, el homicidio del alcalde Carlos Manzo en Michoacán, donde el autor material fue abatido, muestra un avance parcial pero insuficiente, pues la investigación de los autores intelectuales sigue pendiente.

Un tercer caso, el de dos profesoras asesinadas por un menor en Lázaro Cárdenas, resuelto rápidamente, plantea preguntas más profundas sobre las causas sociales que conducen a tales crímenes. Estos ejemplos demuestran que, más allá de las tipificaciones legales, se requiere una política integral que fortalezca fiscalías con inversión real, reforme el sistema judicial para hacerlo ágil y transparente, establezca protocolos homogéneos, impulse la prevención social y cambie la narrativa pública que confunde la creación de leyes con la obtención de justicia.

La homologación del feminicidio es un paso necesario, pero solo será efectiva si se ataca la raíz de la impunidad que corroe al país..