Incremento del ISN en Nuevo León: Solo 12 mil empresas pagarán el 95% del impuesto

El gobierno de Nuevo León ha proyectado que el 95% de la recaudación del incremento de un punto porcentual al Impuesto sobre Nóminas, previsto para 2026, será absorbido por apenas 12 mil de los 62 mil contribuyentes registrados en la entidad. El Tesorero estatal, Carlos Garza Ibarra, explicó que este grupo selecto de empresas son las que actualmente registran la mayor carga impositiva.

Frente a las críticas y posibles amparos legales interpuestos por organismos empresariales como la Coparmex, el funcionario sostuvo que la medida está diseñada para impactar mínimamente a las pequeñas y medianas empresas. En este contexto, Garza Ibarra enfatizó que comprende las reacciones adversas pero las considera parte natural del proceso de implementación de cualquier reforma fiscal.

Aseguró que el diálogo con los sectores afectados es fundamental para alcanzar consensos y explicar el destino final de los recursos. El funcionario detalló que, para la gran mayoría de las pequeñas empresas, el impacto económico sería mínimo.

Según sus cálculos, aproximadamente 13 mil contribuyentes de los estratos más bajos pagarían un promedio de apenas 498 pesos adicionales al año. Esta segmentación busca, según la visión gubernamental, proteger a los pequeños negocios mientras se asegura una recaudación significativa de las grandes corporaciones que más se benefician de la economía estatal.

La propuesta ha generado un intenso debate sobre la distribución de la carga fiscal y la capacidad del estado para mantener un equilibrio entre la necesidad de ingresos y el fomento a la actividad empresarial. Las críticas se centran en el posible efecto disuasorio para la inversión y la creación de empleo, argumentando que cualquier aumento de impuestos, sin importar su focalización, afecta la competitividad.

El gobierno, sin embargo, insiste en que la medida es justa y necesaria para financiar rubros específicos, principalmente en materia de seguridad. La consecuencia inmediata de este anuncio ha sido la amenaza de acciones legales por parte de grupos empresariales, quienes evalúan interponer amparos para frenar la implementación del incremento.

La Coparmex se ha posicionado como una de las voces más críticas, señalando que la decisión fue tomada sin una consulta suficiente y podría tener repercusiones negativas en la economía local. Por otro lado, el gobierno se mantiene en su postura de que los aproximadamente 6 mil millones de pesos adicionales que se espera recaudar estarán etiquetados para proyectos de seguridad, un beneficio que, argumentan, también será disfrutado por las propias empresas al mejorar el entorno para hacer negocios.

El éxito o fracaso de esta iniciativa fiscal dependerá de la capacidad del gobierno para negociar con los opositores y demostrar la transparencia en el uso de los fondos, un factor clave para ganar legitimidad y evitar un prolongado conflicto legal que podría entorpecer la aplicación del presupuesto estatal para el año 2026..