Interior pide disculpas por lista negra de periodistas y niega censura

El Ministerio del Interior pidió disculpas públicas a la prensa y rechazó cualquier intento de amordazar a los medios tras destaparse un archivo secreto con perfiles ideológicos de decenas de comunicadores. La polémica salpica de lleno al ministro Fernando Grande-Marlaska, quien ya afronta severas críticas por la gestión del flujo migratorio en Ceuta.

Una exclusiva del diario digital El Confidencial sacó a la luz la existencia de este registro interno. El documento recopilaba fichas individuales con fotografías, trayectorias profesionales y valoraciones explícitas sobre la línea de pensamiento de directores, columnistas y reporteros en activo.

El informe clasificaba a los informadores bajo términos como afín al PSOE, tendencia conservadora, independiente, extrema derecha o desinformación. Las reacciones del sector profesional no tardaron en llegar.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España condenó con dureza la elaboración de esta lista. El organismo alertó que estas dinámicas de vigilancia generan un entorno de potencial represalia que vulnera el Estado de derecho y obstaculiza el ejercicio del periodismo libre.

A través de un comunicado oficial, Interior aclaró que el archivo se redactó en 2024 como un material de trabajo de carácter puramente consultivo.

La institución disculpó el malestar generado por las calificaciones vertidas, aunque insistió en que el texto nunca buscó coartar la libertad de prensa ni imponer límites a la labor periodística. Asimismo, Grande-Marlaska defendió la actuación de su departamento desde Ceuta.

El ministro aseguró que el expediente carecía de fines espurios y garantizó que en ningún momento condicionó la relación del Ministerio con los distintos medios de comunicación. La oposición exigió explicaciones urgentes en el Congreso y advirtió que la confianza institucional queda dañada.

Organizaciones de derechos civiles reclamaron una investigación independiente para determinar responsabilidades y evitar que episodios similares se repitan. El caso reabre el debate sobre los límites del control administrativo y la protección constitucional del secreto profesional.

Analistas políticos señalan que el desgaste para el Ejecutivo puede agravarse si no se aclaran con transparencia las circunstancias del archivo y sus autores materiales. La presión social y mediática continuará en los próximos días, mientras el Gobierno intenta contener un escándalo que afecta directamente a la libertad de información y a la credibilidad de las instituciones democráticas..