Julieta Ramírez firma acuerdo con fiscalía de EE. UU. para ser testigo cooperante

La senadora con licencia de Morena, Julieta Ramírez Padilla, enfrenta una investigación por parte del gobierno de Estados Unidos y ha decidido dar un paso estratégico al firmar un proffer agreement con el Departamento de Justicia, según reveló el programa N+ Focus de Televisa. Este documento, al que tuvo acceso el espacio conducido por Enrique Acevedo, establece que la legisladora se reunirá con fiscales federales y agentes para ofrecer pruebas que determinen si su información es confiable.

El acuerdo, firmado con la oficina del condado de San Diego, no especifica los delitos o irregularidades que motivaron la indagatoria, pero permite que Ramírez Padilla colabore sin que sus declaraciones sean usadas directamente en su contra durante un eventual juicio. La morenista, quien fue secretaria particular de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se compromete a no incurrir en perjurio ni obstrucción de la justicia, mientras que la fiscalía decidirá si recibe algún beneficio tras evaluar la veracidad de sus aportaciones.

El contexto político añade capas de complejidad al caso, pues Ramírez Padilla mantiene una estrecha relación con la gobernadora Ávila, quien ya reconoció que le fue retirada la visa estadounidense hace meses. Audios difundidos por El Universal muestran a Ávila ofreciendo compartir información de las mesas de seguridad estatales a representantes del gobierno norteamericano, aunque ella asegura que las grabaciones están editadas y descontextualizadas.

La revelación de Televisa ocurre en un momento de tensiones crecientes entre políticos mexicanos y las autoridades de EE. UU. , donde los acuerdos de colaboración se han convertido en una herramienta recurrente para quienes buscan mitigar riesgos legales.

La senadora, por su parte, había desmentido en enero versiones sobre la cancelación de su visa, calificando los rumores como parte de una campaña de difamación, pero ahora el proffer agreement sugiere un escenario más complejo del que había admitido públicamente. Las consecuencias de este movimiento podrían ser significativas tanto para Ramírez Padilla como para el entorno político de Baja California.

Si la información que entregue resulta valiosa para la fiscalía, podría obtener inmunidad o reducción de cargos, pero también enfrenta el riesgo de ser percibida como una figura que coopera con intereses extranjeros, lo que alimentaría la narrativa de “guerra sucia” que ella misma denuncia. En su cuenta de X, la legisladora reaccionó con ironía al reportaje, escribiendo: “¡Semana nueva, mitote nuevo! No se pierdan el más reciente episodio de guerra sucia… cortesía del Canal de las Estrellas! ¡Sonrían, seguimos adelante!”.

Sin embargo, el documento firmado ante el Departamento de Justicia contradice su postura pública y abre interrogantes sobre qué información posee y qué implicaciones tendrá para otros actores políticos. Mientras tanto, el caso subraya la creciente exposición de funcionarios mexicanos a investigaciones transnacionales, donde los acuerdos de colaboración pueden redefinir alianzas y lealtades en el escenario político nacional..