Ley Cazzu en Oaxaca: Propuesta para proteger la movilidad infantil ante bloqueos parentales

La propuesta de Ley Cazzu, presentada en el Congreso de Oaxaca, plantea modificaciones al Código Familiar para garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes. Su objetivo central es impedir que el consentimiento de uno de los progenitores se utilice como mecanismo de bloqueo, chantaje o control injustificado, obstaculizando trámites esenciales como la expedición de pasaportes o la realización de viajes dentro y fuera del país.

La iniciativa responde a una problemática cotidiana que afecta a numerosas familias, donde las negativas sin fundamento legal prolongan procesos judiciales y afectan el desarrollo infantil. El nombre de la ley evoca a la cantante argentina Cazzu, quien fue noticia por un conflicto similar con su expareja, Christian Nodal, lo que ha amplificado el debate público desde el espectáculo hacia la esfera legislativa.

Este simbolismo ha servido para visibilizar un asunto jurídico complejo, conectándolo con casos reales que resuenan en la cultura popular. La referencia no es casual, pues busca generar identificación y poner sobre la mesa las dificultades que muchas madres, en particular, enfrentan cuando intentan viajar con sus hijos ante la oposición del otro progenitor, incluso cuando este incumple sus responsabilidades.

La diputada local Concepción Rueda Gómez es la autora de esta iniciativa, que ya fue turnada a comisiones para su análisis.

El proyecto propone adicionar el artículo 274 Bis al Código Familiar estatal, facultando a la autoridad judicial para autorizar de manera inmediata trámites o salidas cuando exista una negativa injustificada. La legisladora argumenta que el interés superior de la niñez debe prevalecer sobre cualquier conflicto entre adultos, y que estas prácticas obstructivas no solo vulneran derechos infantiles, sino que pueden constituir una forma de violencia contra las mujeres al usarse como herramienta de presión.

Las consecuencias de la aprobación de esta ley serían significativas. Establecería un precedente legal para agilizar la resolución de estos conflictos, priorizando el bienestar y la movilidad de los menores.

Ofrecería un marco de protección más claro contra el uso de los hijos como instrumento en disputas familiares, alineándose con principios de derechos humanos. Además, posicionaría a Oaxaca a la vanguardia en legislación familiar con perspectiva de género e infancia, pudiendo inspirar iniciativas similares en otros estados del país.

El debate continuará en el congreso local, donde se evaluará su viabilidad y alcances definitivos..