Marisela Escobedo: 15 años de impunidad y la lucha de las madres que buscan justicia en México

Han transcurrido quince años desde la noche del 16 de diciembre de 2010, cuando Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada a balazos en la banqueta del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Su crimen, un acto de brutalidad calculada, ocurrió mientras realizaba una protesta pacífica para exigir justicia por el feminicidio de su hija, Rubí Marisol Frayre.

La placa colocada en el sitio del asesinato es un testimonio mudo de una tragedia anunciada, ya que la propia activista había predicho que su muerte sería para vergüenza de las autoridades. Este caso expuso de manera cruda la cadena de negligencias, desde la absolución inicial del asesino confeso de su hija, Sergio Rafael Barraza, hasta la incapacidad del Estado para protegerla a ella, a pesar de las reiteradas amenazas de muerte que denunció.

El contexto de la lucha de Marisela se enmarca en una crisis de violencia de género y desapariciones que azotaba, y sigue azotando, a México, particularmente en Ciudad Juárez. Su activismo comenzó tras la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de su hija.

A pesar de lograr la detención del culpable y de contar con su confesión, el sistema judicial lo liberó, lo que forzó a Escobedo a convertirse en investigadora, rastreándolo hasta Zacatecas.

Su perseverancia la llevó a realizar marchas con la foto de Rubí, cargando a su nieta, y a instalar un campamento de protesta frente a la sede del poder estatal, donde su voz se volvió incómoda para las autoridades. Su frase profética, pronunciada en ese mismo lugar, subraya la conciencia plena que tenía del riesgo que corría por desafiar a un sistema omiso.

Las consecuencias de su asesinato, que permanece en la impunidad, trascienden el duelo personal y se han convertido en un símbolo nacional. Marisela Escobedo es hoy un referente inevitable para el movimiento de madres y familiares buscadores de justicia en México, quienes, al igual que ella, se ven obligadas a asumir las investigaciones que el Estado abandona.

A quince años de distancia, activistas como Alma Gómez Caballero del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres señalan que las condiciones de desprotección y revictimización no han cambiado sustancialmente. Cada nueva madre que sale a buscar a su hija desaparecida o a exigir justicia por un feminicidio camina, metafóricamente, sobre la misma banqueta donde Marisela fue callada.

Su legado, por tanto, no es solo un recordatorio de la deuda pendiente con su caso, sino una interpelación viva a un sistema que sigue fallando en garantizar justicia y seguridad, especialmente para las mujeres que, desde el dolor, se transforman en las voces más incómodas y valientes..