El Mercado Dicta la Producción: Subsidios Gubernamentales Distorsionan la Soberanía del Consumidor

La dinámica fundamental del mercado establece que son los consumidores, con su decisión de comprar o no, quienes determinan qué bienes se producen. Para que una mercancía exista, su precio de venta debe cubrir el costo de producción, siendo el consumidor el único legitimado para pagarlo.

Cuando este equilibrio se rompe porque el precio que los compradores aceptan es inferior al costo, el productor enfrenta una disyuntiva crítica según las reglas del mercado genuino. La opción correcta es aumentar la productividad para reducir costos y poder ofrecer un precio competitivo.

Si esto no es posible, la consecuencia lógica y necesaria es la cancelación de la producción de dicho bien, un mecanismo esencial de eficiencia económica. Este proceso garantiza que los recursos se asignen a lo que la sociedad realmente valora y demanda.

Sin embargo, una práctica común altera este mecanismo: la intervención estatal mediante subsidios. Cuando un gobierno otorga un subsidio para mantener la producción de un bien no rentable, se generan múltiples distorsiones.

En primer lugar, se obliga a todos los contribuyentes a financiar, vía impuestos, algo que como consumidores no estaban dispuestos a pagar voluntariamente. Esto constituye una violación directa a la soberanía del consumidor, cuya expresión libre en el mercado es anulada por una decisión política.

Además, el subsidio elimina los incentivos para que la empresa mejore su eficiencia y se vuelva más competitiva, perpetuando la ineficiencia. Las consecuencias de esta distorsión van más allá de lo económico.

El subsidio crea una relación de dependencia y complicidad entre el productor y el gobierno. A cambio del apoyo financiero, el Estado suele demandar sumisión y agradecimiento, una dinámica que erosiona los principios democráticos y fomenta un capitalismo de compadres, donde el éxito depende de los favores estatales y no de la calidad o el precio del producto.

Este escenario es claro en industrias como la cinematográfica, donde películas no demandadas por el público pueden seguir produciéndose con dinero de todos. La alternativa sana, si se busca preservar un bien cultural sin forzar al mercado, es el mecenazgo privado, que no distorsiona las señales económicas ni utiliza coerción fiscal..