México denuncia al ICE por 17 muertes de migrantes y exige investigación penal

El gobierno mexicano, a través de la Cancillería, ha dado un paso contundente al presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República para exigir investigaciones penales por la muerte de al menos 17 migrantes mexicanos bajo la responsabilidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La lista de víctimas, que podría elevarse a 18, incluye casos como el de Coronilla Durán, quien falleció el 14 de julio de 2026 en San Agustín, Florida, al ser perseguido por agentes del ICE, resbalar y ser atropellado por un tráiler.

Durán había ingresado legalmente con visa de turista y contaba con su boleto de regreso a México. Otro caso es el de Miguel Ángel García Hernández, de 31 años, quien murió el 30 de septiembre de 2025 en un tiroteo dentro de una instalación migratoria en Dallas, perpetrado por un hombre que declaró odiar al gobierno estadounidense.

También se investiga la muerte de Leo Cruz Silva, de 34 años, hallado con una sábana atada al cuello en una cárcel de Missouri, y la de Silverio Villegas González, de 38 años, originario de Michoacán, quien falleció durante un operativo en Chicago. El contexto de estas muertes revela un patrón de negligencia y violencia.

Alberto Gutiérrez, veracruzano de 48 años y residente en Estados Unidos durante 25 años, fue detenido el 9 de enero en Los Ángeles por no tener permiso de residencia y trasladado al centro de detención Adelanto en California. Durante su custodia, las autoridades reconocieron que Gutiérrez reportó constantemente problemas de salud, como presión arterial alta y niveles elevados de glucosa, pero no recibió atención médica oportuna.

No fue hasta el 25 de febrero que lo llevaron a un hospital por dolor en el pecho y síntomas neurológicos, falleciendo dos días después de un paro cardíaco. A pesar de que su familia reside legalmente en Estados Unidos, el ICE nunca les informó de su deceso.

Estos casos, junto con otros como el de un migrante que murió tras ser sometido brutalmente durante un desayuno en una obra, han generado una ola de indignación y exigencias de justicia. Las consecuencias de esta crisis humanitaria han llevado al gobierno mexicano a implementar una serie de acciones legales y diplomáticas.

Además de la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, se han presentado 20 denuncias adicionales: ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado en Estados Unidos. También se emitieron advertencias legales (cease and desist) a empresas privadas que operan centros de detención por condiciones violatorias de derechos humanos.

En un movimiento sin precedentes, México solicitó la intervención del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para recabar información y emitir recomendaciones. La lista de víctimas sigue creciendo, y cada nombre, como el de Coronilla Durán o Alberto Gutiérrez, representa un llamado urgente a la rendición de cuentas y al respeto de los derechos de los migrantes..