México en penúltimo lugar de PISA 2025: crisis educativa y tensiones políticas

La reciente publicación del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) de la OCDE ha dejado al descubierto una profunda crisis educativa en México, que se posicionó en el penúltimo lugar, el número 37 de 38 países miembros evaluados. Este resultado, dado a conocer el pasado 8 de septiembre, no solo representa un retroceso significativo en comparación con ediciones anteriores, sino que también augura un futuro poco alentador para las nuevas generaciones.

La situación refleja el incumplimiento total del Estado respecto al Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho a la educación para toda persona. A pesar de este mandato, al gobierno mexicano parece interesarle poco la educación, una problemática que se ha agravado con la implementación de la Nueva Escuela Mexicana durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la cual, según críticos, ha suplantado la enseñanza por el adoctrinamiento ideológico, priorizando agendas políticas sobre el desarrollo académico.

Este escenario se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el gobierno federal y los sectores educativos, especialmente tras la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por el sureste del país, donde visitó Chiapas y Oaxaca, las entidades con mayor rezago educativo y bastiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Durante su visita a Oaxaca el 11 de septiembre, en el auditorio Guelaguetza, Sheinbaum presentó supuestos logros de sus dos años de gobierno, pero se enfrentó a protestas de maestros de la Sección 22, convocados por su dirigente Yenny Aracely Pérez, quienes exigieron el cumplimiento de acuerdos previos, como la derogación de la reforma educativa peñista y la anulación de la ley del ISSSTE de 2007.

La jornada estuvo marcada por disturbios, incluyendo intentos de grupos de choque por impedir el acceso de los docentes, lo que evidenció una falta de coordinación entre el Palacio Nacional y las autoridades locales, y dejó al descubierto la tensión entre los poderes ejecutivos federal y estatal, con rumores de que el gobernador de Oaxaca responde al grupo Palenque en lugar del claudismo.

Incidentes como los insultos al senador Alejandro Murat en Huajuapan de León, defendido por Sheinbaum, y la intervención de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para desactivar la crisis, subrayan la fragmentación política y la debilidad del gobierno estatal para gestionar conflictos en su propio territorio. Las consecuencias de esta crisis educativa y política son profundas y multifacéticas.

En el ámbito educativo, el bajo rendimiento en PISA no solo limita las oportunidades de los estudiantes mexicanos en un mundo globalizado, sino que también perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad, especialmente en regiones como Chiapas y Oaxaca, donde el rezago es más agudo. La falta de inversión efectiva y la politización de la enseñanza han generado un sistema que prioriza lealtades ideológicas sobre competencias básicas, lo que podría traducirse en una fuerza laboral menos calificada y en un estancamiento económico a largo plazo.

Políticamente, las tensiones entre el gobierno federal y los estados, junto con la resistencia de los sindicatos magisteriales, amenazan con desestabilizar la gobernabilidad y obstaculizar reformas necesarias. Además, la controversia en torno a la política energética, con la importación del 75% del gas natural y la aceptación velada del fracking, refleja un viraje pragmático que contradice discursos previos de soberanía, lo que podría generar críticas internas y externas.

En conjunto, estos factores dibujan un panorama donde la educación y la energía se convierten en campos de batalla políticos, con riesgos significativos para el desarrollo sostenible y la cohesión social de México..