Morelos reanuda adopciones con enfoque en derechos de la infancia

La adopción en Morelos debe entenderse como una medida de restitución de derechos y no como una dádiva para adultos que desean convertirse en madres o padres. A partir de octubre de 2024, con el inicio de la administración de la gobernadora Margarita González Saravia, se reanudaron los procesos de inclusión que permanecieron prácticamente detenidos durante años.

Para una niña, un niño o un adolescente que ha vivido abandono, violencia o pérdida de sus vÃnculos familiares, encontrar un hogar seguro no es un privilegio, sino un derecho fundamental. La familia debe ser un espacio de protección, afecto, estabilidad y desarrollo.

Cuando el entorno de origen no puede garantizar esas condiciones, corresponde al Estado actuar con responsabilidad, sin improvisaciones ni prejuicios. El centro del procedimiento no es la expectativa de los adultos, sino el interés superior de la persona menor de edad.

Por ello, toda decisión debe priorizar su seguridad, su salud emocional, su identidad, su historia y su derecho a crecer en un ambiente libre de violencia. En México, los procesos de adopción implican evaluación de las personas solicitantes, intervención de autoridades de protección, resolución judicial y seguimiento posterior.

La legislación reconoce que pueden adoptar personas solteras, cónyuges o concubinos, siempre que acrediten las condiciones necesarias para brindar cuidado y desarrollo integral. La Suprema Corte ha señalado que la orientación sexual no puede considerarse, por sí misma, un impedimento para adoptar: lo decisivo deben ser las capacidades, la responsabilidad y las condiciones concretas del hogar.

Este principio incluye a las parejas homoparentales, que deben ser evaluadas con los mismos criterios que las parejas heteroparentales. La igualdad no significa reducir los filtros ni relajar las exigencias, sino aplicar reglas objetivas, profesionales y libres de discriminación.

Una familia homoparental no es menos familia por estar integrada por dos madres o dos padres, del mismo modo que una persona soltera no es automáticamente incapaz de ofrecer amor, disciplina, acompañamiento y protección.

La vigilancia del Estado resulta indispensable, pues adoptar no concluye con una sentencia judicial ni con la entrega de la niña o el niño. En Morelos, la normativa contempla el seguimiento mediante áreas de psicología y trabajo social durante los dos años posteriores a la resolución, con visitas y evaluaciones periódicas para valorar la integración familiar y el estado general del adoptado.

Ese acompañamiento debe ser real, suficiente y especializado, no un trámite burocrático que desaparezca después de firmar documentos. También es necesario reconocer que la institucionalización prolongada puede afectar el desarrollo emocional y social de la niñez, pues cada mes transcurrido en un albergue representa tiempo sin una figura estable de cuidado.

Sin embargo, acelerar una adopción sin revisar antecedentes, reparar vÃnculos posibles o escuchar a la persona menor de edad sería igualmente irresponsable. La rapidez debe subordinarse a la seguridad y a la calidad de la decisión.

Un sistema eficaz requiere personal capacitado, registros transparentes, coordinación entre los sistemas DIF, procuradurías y tribunales, así como mecanismos de denuncia y supervisión posteriores. También debe escuchar a niñas, niños y adolescentes conforme a su edad y madurez, pues su voz no puede ser decorativa: se trata de su vida, su identidad y su futuro.

Garantizar entornos familiares seguros exige abandonar los prejuicios y fortalecer las instituciones. La pregunta correcta no es qué tipo de familia solicita adoptar, sino cuál ofrece mejores condiciones para proteger y acompañar a esa niña, niño o adolescente en particular.

Toda familia que cumpla con la ley debe ser considerada y toda autoridad debe responder con rigor. La niñez no necesita discursos sobre inclusión, sino hogares seguros, procesos honestos y un Estado que no vuelva a fallarle..