Morena y aliados inician proceso ilegal para designar candidatos a 17 gubernaturas en 2027

Morena, junto a sus partidos satélites, ha dado inicio a un procedimiento que viola abiertamente la ley electoral al designar candidatos para 17 gubernaturas en las elecciones del 6 de junio de 2027. Bajo el nombre de coordinadores de los comités defensores de la transformación y de la soberanía nacional, el oficialismo ha lanzado una ante-precampaña que adelanta los tiempos legales establecidos.

Este proceso, que a nadie engaña, busca dar mayor exposición y visibilidad a los precandidatos del oficialismo en detrimento de la oposición, además de permitir un gasto desmedido sin control ni rendición de cuentas. La autoridad electoral administrativa, el INE y los tribunales electorales, en lugar de actuar como garantes de la legalidad, han permitido esta simulación, lo que agrava la situación y socava la confianza en el sistema democrático.

El contexto de esta irregularidad revela una estrategia calculada para burlar los topes de gastos de precampaña y campaña. Morena y sus aliados han gastado carretadas de dinero sin informar su origen ni monto, lo que hace que los límites posteriores solo afecten a la oposición, que entra en desventaja.

Se han registrado 277 aspirantes a coordinadores para las 17 gubernaturas, una cifra que se reducirá a seis por estado en julio y a uno en diciembre, cuando se designe al candidato final. Este proceso, descrito en el artículo 44 de los Estatutos de Morena, utiliza métodos como elección, insaculación y encuesta, pero carece de procedimientos democráticos claros.

La Ley General de Partidos PolÃticos exige normas democráticas para la postulación de candidaturas, pero el INE aprobó estos estatutos, permitiendo encuestas susceptibles de manipulación y tómbolas opacas. Las consecuencias de esta farsa son profundas y afectan la equidad electoral.

Al adelantar los tiempos legales, Morena obtiene una ventaja injusta, mientras que la oposición queda limitada por topes de gastos que el oficialismo ya ha superado. Además, la figura de coordinadores de comités de defensa ni siquiera está incluida en los estatutos del partido, lo que constituye una violación adicional.

Esta simulación no solo deslegitima el proceso electoral, sino que también expone la complicidad de las autoridades electorales, que deberían garantizar la legalidad. La ciudadanía enfrenta un escenario donde la democracia se ve erosionada por prácticas que favorecen al oficialismo, mientras que la oposición lucha en condiciones desiguales.

La pregunta clave es: ¿hasta cuándo se permitirá que esta burda mascarada continúe sin consecuencias?.