Morena podría controlar el INE en abril tras el relevo de tres consejeros del bloque opositor

El próximo mes de abril concluye el periodo de tres consejeros del Instituto Nacional electoral (INE) identificados con el bloque opositor, y su relevo podría alterar drásticamente el equilibrio interno del organismo. En marzo, la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados poseen una mayoría calificada, designará a los sucesores de Dania Paola Ravel, Beatriz Claudia Zavala y Jaime Rivera, nombrados en 2017 con los votos del PRI, PAN y PRD.

De acuerdo con las reglas vigentes, esta renovación permitiría a la coalición oficialista sumar tres nuevos integrantes afines, alcanzando así ocho de once consejeros y, por primera vez, una mayoría clara y estable en el Consejo General. Este escenario se concretaría si no se aprueba una reforma electoral que modifique el mecanismo de designación, tal como exige la oposición.

La posible mayoría de Morena en el INE representa un punto de inflexión histórico en la gobernanza de la autoridad electoral mexicana. Desde la creación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el control del órgano fue ejercido principalmente por una alianza entre el PRI y el PAN, con el PRD como aliado posterior, configurando una hegemonía que validó procesos polémicos como el de 2006.

Esta dinámica comenzó a cambiar en 2023, cuando Morena logró, primero, la presidencia del consejo mediante sorteo y, luego, el nombramiento directo de varios consejeros.

El fin de la era de consejeros vinculados a figuras como José Woldenberg y Lorenzo Córdova marcó el declive de un modelo ahora cuestionado por el oficialismo, que ve en el INE una institución parcializada a favor de los partidos tradicionales. Las consecuencias de este cambio serían profundas para el sistema político y los próximos comicios.

Un INE con mayoría de Morena tendría una influencia decisiva en la organización de las elecciones de 2024, la fiscalización de recursos, la asignación de tiempos en medios y la resolución de controversias clave. La oposición ha alertado sobre un riesgo de parcialización y el debilitamiento de los contrapesos, mientras que el oficialismo argumenta que se corregirá un sesgo histórico.

Este panorama reduce los incentivos para un acuerdo sobre una reforma electoral integral, profundizando la polarización. El control del órgano electoral se convierte, así, en el gran botín político de la coyuntura, definiendo no solo la configuración del INE, sino también las reglas de la contienda democrática en los años venideros..