Muerte de niña en La Paz apunta a fallas de seguridad de Martha Guerrero

El fallecimiento de Erandi Dailyn, de 10 años, tras un ataque armado contra una unidad de la Ruta 69 en Los Reyes La Paz, desató una crisis de credibilidad en la administración de la alcaldesa Martha Guerrero. El incidente, ocurrido el domingo, no fue un hecho aislado: transportistas habían alertado sobre amenazas y cobros ilegales que, según denuncias, se mantenían desde hace una década.

La menor murió en un hospital público del Estado de México, pero el caso trascendió la tragedia familiar para convertirse en un cuestionamiento directo a la estrategia de seguridad local. Representantes del gremio señalaron a integrantes del grupo Los Vallarta como presuntos responsables de las intimidaciones, que incluyeron el incendio previo de otro vehículo y advertencias contra las familias de los operadores.

Sebastián Ortega, vocero de los afectados, aseguró que al menos tres choferes fueron asesinados durante 2026 y que las agresiones persistieron pese a las denuncias formales. La exigencia del sector es clara: detenciones y avances investigativos, no nuevas mesas de diálogo.

La presión también alcanzó a la corporación policiaca municipal, donde habitantes y agentes denunciaron irregularidades como el supuesto desvío de combustible de patrullas y la práctica conocida como venta de voladores, que implicaría pagos para ausentarse de jornadas laborales.

Estas anomalías, según los testimonios, redujeron la vigilancia en zonas conflictivas y dejaron turnos con personal insuficiente. Aunque las acusaciones involucran a mandos intermedios, no hay información judicial que confirme responsabilidades, por lo que corresponderá a las instancias competentes investigar posibles conductas ilícitas o incumplimientos administrativos.

El caso eleva la presión sobre el Ayuntamiento de La Paz, ya que la seguridad preventiva es competencia directa del gobierno local. Los antecedentes conocidos por los transportistas evidencian que el problema no era nuevo, lo que agrava la percepción de inacción oficial.

La ciudadanía y el sector exigen patrullajes reforzados, una investigación interna de la policía y la captura de los extorsionadores. Los operadores advirtieron que, si las agresiones continúan sin una respuesta efectiva, podrían recurrir a movilizaciones.

La muerte de Erandi Dailyn se convierte así en un punto de inflexión que obliga a Guerrero a demostrar resultados concretos en materia de seguridad, mientras las familias de la zona oriente esperan justicia y protección ante un clima de violencia que parece lejos de resolverse..