México depura su registro de desaparecidos: ¿Búsqueda de verdad o maquillaje de cifras?

La reciente decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum de depurar y actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecadas y No Localizadas ha encendido una alerta entre organizaciones de la sociedad civil y colectivos de búsqueda. La iniciativa, presentada como un esfuerzo técnico para cruzar bases de datos y verificar identidades, busca distinguir entre casos resueltos y activos.

Sin embargo, este proceso llega marcado por la sombra de antecedentes donde la manipulación de estadísticas ha sido utilizada para minimizar la crisis. La desconfianza se agudiza al recordar cómo la administración anterior presionó para reducir cifras, lo que llevó a la renuncia de la entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

El anuncio actual, que parte de reconocer solo 43 mil casos verificados de un total histórico que supera los 130 mil, es visto por muchos como un intento de reescribir la realidad en lugar de enfrentarla. Para las familias, un registro preciso es la base de cualquier política pública efectiva, pero temen que la depuración se convierta en un ejercicio de simulación que oculte la magnitud real de la tragedia.

El contexto de esta medida no puede desligarse de la crisis de desapariciones que se agudizó en México desde 2006 y de la presión internacional constante, incluyendo el escrutinio de la ONU. Años de violencia e impunidad han normalizado la ausencia y han dejado a las familias en una orfandad institucional perpetua.

El Estado ha sido incapaz de proveer respuestas, protección presupuestaria adecuada para búsquedas en campo o coordinación efectiva entre fiscalías.

Este vacío ha sido llenado por colectivos, principalmente de mujeres, quienes realizan el trabajo de excavación, documentación y exigencia que le corresponde al gobierno. La desconfianza hacia la nueva metodología surge, por tanto, de un historial donde la técnica se ha puesto al servicio de la narrativa oficial y no de la verdad.

Las consecuencias de una depuración mal ejecutada o politizada serían devastadoras. Podría traducirse en menos recursos asignados a la búsqueda, en la invisibilización de miles de casos y en el abandono legal de familias que quedarían fuera del registro oficial.

Mientras el gobierno debate cifras, la emergencia continúa: las investigaciones no avanzan, las carpetas se acumulan y la violencia que genera las desapariciones persiste. Lo que México necesita urgentemente no es una goma de borrar para ajustar números, sino instituciones robustas, fiscalías que investiguen con diligencia y un compromiso real con la verdad.

Las desapariciones son una fractura ética y una deuda moral que no se soluciona depurando registros, sino asumiendo la magnitud del horror, investigando responsabilidades y, sobre todo, encontrando a los desaparecidos. El dolor de las madres buscadoras, esa llaga abierta que recorre las calles, exige acciones concretas, no correcciones estadísticas..