México supera las 110 mil desapariciones con impunidad estructural en casos de responsabilidad estatal

México enfrenta una crisis de derechos humanos con más de 110 mil personas desaparecidas, donde la impunidad no es un fallo aislado sino un mecanismo estructural. Pese a contar con una ley general y fiscalías especializadas, las sentencias por desaparición forzada son excepcionales.

La evidencia apunta a que una parte sustantiva de estos crímenes involucra la acción directa, omisión o encubrimiento de autoridades, un patrón que se repite sin importar el partido en el poder. Ocho casos emblemáticos, ocurridos entre 1974 y 2018 bajo administraciones priístas y panistas, documentan esta realidad.

Desde la desaparición de Rosendo Radilla por militares en 1974 hasta las cometidas por la Marina en 2018, los expedientes muestran una constante: la participación o aquiescencia de agentes estatales. Casos como el Campo Algodonero, Allende o San Fernando revelan la magnitud de la tragedia, con decenas e incluso cientos de víctimas en eventos masivos.

Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en múltiples ocasiones al Estado mexicano, estas resoluciones rara vez se traducen en condenas penales internas contra los responsables individuales. El contexto de esta impunidad se teje a lo largo de sexenios, donde el paso del tiempo opera como un aliado para el olvido institucional.

Los gobiernos en turno, ya sea del PRI o del PAN, han reconocido responsabilidades de manera tardía o en el discurso, sin un compromiso real con la justicia penal. La falta de voluntad política, la opacidad en las investigaciones y la colusión con grupos criminales han creado un muro de silencio.

Esto ha permitido que crímenes de lesa humanidad queden en la impunidad, archivándose o fragmentándose en múltiples expedientes que nunca llegan a juicio, diluyendo así la cadena de mando y la responsabilidad del Estado. Las consecuencias son profundas y devastadoras para miles de familias que buscan verdad y justicia.

La impunidad estructural envía un mensaje de permisividad que perpetúa el ciclo de violencia y desapariciones. Socava la confianza en las instituciones y niega el derecho fundamental a la justicia, consolidando un sistema donde los agentes del Estado actúan sin rendir cuentas.

Esta crisis no solo mancha el historial de derechos humanos de México, sino que representa una herida abierta que dificulta cualquier posibilidad de reconciliación nacional y garantías de no repetición, dejando a un país atrapado entre la memoria del dolor y la ausencia de castigo..