Narcotraficante Pipo acusa al presidente Noboa de ordenar el asesinato de Villavicencio en Ecuador

El narcotraficante ecuatoriano Wilmer Chavarría, alias Pipo, máximo líder del cartel Los Lobos, negó este miércoles ser el autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 y, en su lugar, acusó directamente al actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de haber ordenado el crimen. El capo hizo estas explosivas declaraciones en la Fiscalía de Zaragoza, España, durante una comparecencia solicitada por las autoridades ecuatorianas dentro del proceso de extradición que pesa sobre él.

Pipo, detenido en Málaga en noviembre de 2025, afirmó que una persona cercana al ministro del Interior, John Reimberg, le transmitió que Noboa dio la orden ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones. El contexto de esta acusación es de una extrema gravedad y se produce en un momento de alta tensión política y judicial en Ecuador.

El asesinato de Villavicencio, un periodista y candidato conocido por sus duras investigaciones contra la corrupción y el crimen organizado, conmocionó al país y dejó un caso judicial lleno de sombras, con la mayoría de los sicarios materiales muertos en prisión.

Pipo, reclamado por Ecuador y Estados Unidos por narcotráfico y vinculado a cientos de asesinatos, enfrenta una imputación de la Fiscalía ecuatoriana por su presunta participación en la planificación del magnicidio, donde también se señala a un grupo de empresarios y a un exministro. Las consecuencias de estas declaraciones podrían ser profundas y de largo alcance para la frágil estabilidad de Ecuador.

Pipo argumentó que la intención de Noboa y Reimberg es sacarle de circulación por ser un competidor en el negocio del narcotráfico, insinuando una participación estatal en estas redes, y que su extradición a Ecuador equivaldría a una sentencia de muerte. Estas acusaciones, vertidas por una figura criminal de alto perfil, amenazan con desatar una crisis política de proporciones, erosionando aún más la confianza institucional y sumiendo en una mayor incertidumbre la investigación de un crimen que marcó un antes y un después en la historia democrática del país.

La justicia española ahora debe evaluar estas declaraciones en el complejo proceso de extradición, mientras la sombra de la duda se cierne sobre las más altas esferas del poder en Quito..