Nuevo Servicio Universal de Salud en México: ¿Un avance o un incentivo a la informalidad laboral?

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado la creación de un servicio universal de salud que permitirá a cualquier mexicano atenderse en cualquier institución pública, rompiendo las barreras entre el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar. El objetivo declarado es garantizar el derecho a la salud sin distinciones, un anhelo histórico en la política social del país.

Sin embargo, esta medida llega tras el fracaso de sistemas previos como el INSABI y en un contexto de saturación y subfinanciamiento crónico de los institutos de seguridad social. La promesa de universalidad choca con una realidad operativa y económica extremadamente compleja. expertos en salud pública y economía, como Santiago Levy, han alertado por años sobre el desafío de financiar un derecho universal sin crear distorsiones.

El modelo actual fragmenta las fuentes de financiamiento: el IMSS se sostiene con cuotas obrero-patronales, mientras el IMSS Bienestar depende totalmente de subsidios federales. La nueva portabilidad de servicios, sin un mecanismo de financiamiento unificado, podría agravar la crisis.

Los beneficiarios del subfinanciado IMSS Bienestar migrarían masivamente a las ya saturadas instalaciones del IMSS e ISSSTE, deteriorando aún más la calidad para todos los usuarios. Las consecuencias económicas podrían ser profundamente negativas.

Al permitir el acceso gratuito al IMSS a personas que no cotizan, se desincentiva la formalidad laboral. ¿Por qué pagar cuotas si se puede obtener el mismo servicio sin contribuir? Esto crea un sistema injusto donde los trabajadores formales subsidiarían a los informales, premiando la evasión y castigando la legalidad. La medida, lejos de universalizar un derecho con equidad, podría acelerar la informalidad y erosionar la base financiera del propio IMSS, poniendo en riesgo su viabilidad futura.

La historia reciente ofrece lecciones claras. El Seguro Popular, a pesar de sus logros en cobertura, fue criticado por generar incentivos perversos hacia la informalidad, tal como Levy documentó.

La solución, según analistas, no es depredar las instituciones existentes sino construir un pacto fiscal que unifique la fuente de financiamiento, por ejemplo mediante un gravamen al consumo, para que todos contribuyan según su capacidad y todos reciban sin distinción. Sin esta reforma de fondo, el nuevo servicio universal podría convertirse en otro eslabón de una larga cadena de fracasos, profundizando las desigualdades que pretende resolver..