Nuevos análisis forenses reabren el caso Ayotzinapa con restos calcinados omitidos

La Fiscalía General de la República (FGR) ha reorientado las indagatorias del caso Ayotzinapa tras el hallazgo de nuevos indicios forenses. Más de veinte bolsas con restos humanos calcinados, conocidas como piezas petrosas por su exposición a altas temperaturas, fueron localizadas en puntos clave como el basurero de Cocula, el río San Joaquín y las inmediaciones de una funeraria en Iguala, Guerrero.

Estos fragmentos óseos, recuperados desde 2014, no fueron integrados con exhaustividad en las líneas periciales primarias por administraciones pasadas, lo que pudo alterar la reconstrucción de los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre. peritos especializados realizan ahora minuciosos estudios genéticos para determinar la correspondencia de estos restos con los 43 estudiantes desaparecidos, mientras se documentan las causas de su exclusión inicial. El predio que albergaba la funeraria El Ángel se ha convertido en una zona prioritaria de rastreo para las autoridades federales.

Este establecimiento, que operaba como Servicio Médico Forense desde 2011, disponía de tres hornos crematorios, uno de los cuales funcionaba presuntamente al margen de los controles sanitarios y ministeriales. Según testimonios recabados, varias bolsas con indicios biológicos habrían permanecido bajo resguardo irregular en estas instalaciones durante un periodo prolongado.

Las diligencias actuales incluyen labores de prospección en el terreno y en inmuebles vinculados al caso, con el objetivo de descartar o confirmar la existencia de más restos óseos sepultados sin clasificar. Los peritos concentran sus esfuerzos en esclarecer si la omisión de estas pruebas afectó sustancialmente las investigaciones previas.

En paralelo, las autoridades revisan el entramado político y operativo que prevalecía en Guerrero durante los acontecimientos, evaluando niveles de responsabilidad y posibles redes de omisión en el ámbito municipal y estatal. Las pesquisas profundizan en los nexos de mando entre corporaciones locales de seguridad y autoridades civiles de aquel periodo, incluyendo al entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero y al exalcalde José Luis Abarca.

A pesar de la complejidad procesal acumulada, la FGR mantiene el compromiso de agotar los estudios técnicos y genéticos para garantizar el derecho a la verdad y combatir la impunidad. Este replanteamiento científico busca sentar precedentes en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, quienes han esperado más de una década por respuestas contundentes..