Oaxaca propone la Ley Cazzu para frenar que padres ausentes bloqueen viajes de menores

La llamada Ley Cazzu llega al Congreso de Oaxaca de la mano de la diputada Concepción Rueda Gómez, de Morena. Esta propuesta legislativa busca modificar el Código Familiar del estado para garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes.

Su objetivo principal es evitar que el consentimiento de uno de los progenitores se convierta en un instrumento de control, chantaje o bloqueo para trámites esenciales como la expedición de pasaportes o la realización de viajes, tanto nacionales como internacionales. La iniciativa se inspira en un problema frecuente: madres, y en menor medida padres, con la custodia legal que ven limitada su vida y la de sus hijos por la negativa injustificada del otro progenitor.

El nombre de la ley hace referencia al caso mediático de la cantante argentina Cazzu, quien denunció que el padre de su hija le negaba el permiso para que la menor saliera de Argentina, visibilizando una situación que afecta a muchas familias en México y particularmente en Oaxaca. La diputada Rueda Gómez argumentó en tribuna que en el estado hay menores que no pueden viajar o realizar trámites por la negativa de un progenitor ausente, una situación que calificó no como cuidado, sino como control y una forma de violencia hacia las mujeres.

El contexto de esta ley se enmarca en el reconocimiento legal de la violencia vicaria en Oaxaca desde 2024, entendida como aquella que se ejerce sobre los hijos para dañar a la madre. La propuesta subraya que estas negativas suelen ser un mecanismo de chantaje y revictimización, obligando a las mujeres a enfrentar procesos judiciales largos, costosos y desgastantes incluso cuando el otro progenitor incumple sus obligaciones alimentarias o de convivencia.

La iniciativa plantea una adición al artículo 274 Bis del Código Familiar, estableciendo que, ante una negativa injustificada, incumplimiento de obligaciones o conductas obstructivas, la autoridad judicial pueda autorizar de manera inmediata los trámites o salidas del menor. Esto representa un cambio de paradigma, priorizando el interés superior de la niñez sobre el poder de veto de un progenitor que no ejerce su parentalidad de manera responsable.

Las consecuencias de la eventual aprobación de la Ley Cazzu en Oaxaca serían significativas. En primer lugar, agilizaría los procedimientos, reduciendo la carga probatoria para la persona con custodia y ofreciendo un recurso legal rápido y efectivo.

En segundo término, se alinearía con los esfuerzos legislativos de otros estados como Michoacán, donde la diputada Sandra Arreola del PVEM presentó una iniciativa similar que incluso plantea reformar la Constitución federal para armonizar la legislación a nivel nacional. Finalmente, la ley ha sido bien recibida por colectivos feministas y organizaciones de la sociedad civil, que ven en ella un instrumento necesario con perspectiva de género e infancia para proteger a las familias de formas sutiles pero dañinas de violencia familiar.

La propuesta ya fue turnada a comisiones en el Congreso oaxaqueño para su análisis, marcando un paso adelante en la protección de los derechos de la niñez y en la lucha contra la violencia vicaria en el ámbito familiar..