ONU alerta que desapariciones forzadas en México son crímenes de lesa humanidad y persisten hasta 2026

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha emitido un informe histórico donde concluye que existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas en México se han cometido y se siguen cometiendo como crímenes de lesa humanidad. El análisis, que integra datos acumulados desde 2012 y examina la evolución de la crisis hasta 2026, sitúa el agravamiento del fenómeno en la estrategia de seguridad iniciada en 2006.

El documento destaca que, lejos de remitir, la crisis persiste con un aumento constante de casos, incluyendo más de 28,880 desapariciones reportadas solo entre enero de 2023 y abril de 2025. La cifra nacional acumulada supera las 132,400 personas no localizadas a febrero de 2026, sin que se vislumbre una tendencia a la baja.

El contexto de esta crisis se remonta a la llamada guerra contra el narcotráfico, momento a partir del cual se diversificaron los perpetradores y las modalidades del delito. El informe del CED subraya que las desapariciones ocurren en un marco de ataques generalizados contra la población civil, con la participación o aquiescencia de servidores públicos de distintos niveles y la intervención de grupos delictivos en disputas territoriales.

El organismo examinó casos paradigmáticos en estados como Coahuila, Veracruz y Nayarit entre 2009 y 2017, identificando patrones que se mantienen.

Además, documenta un agravamiento de la crisis forense, con aproximadamente 72,000 restos humanos sin identificar a inicios de 2026, y alerta sobre incrementos exponenciales en entidades como Guanajuato y Tabasco, donde niñas y jóvenes son las principales víctimas. Las consecuencias de este diagnóstico son profundas y han generado una fuerte controversia internacional.

El informe motivó la remisión urgente de la situación de México ante la Asamblea General de la ONU, representando una severa censura al Estado. En respuesta, el gobierno mexicano ha rechazado categóricamente las conclusiones, calificándolas de parciales y sesgadas, y argumentando que se centran en periodos anteriores y omiten los esfuerzos institucionales recientes.

No obstante, el CED reconoce la existencia de un marco jurídico robusto, como la Ley General en la materia, pero afirma que estos esfuerzos han resultado insuficientes e ineficaces para contrarrestar la magnitud del fenómeno, la impunidad casi absoluta y el dolor de las familias. El Comité hace un llamado a fortalecer la prevención, la búsqueda y la investigación, subrayando que los desacuerdos legítimos no deben derivar en descalificaciones, en un claro mensaje para las autoridades mexicanas..