ONU lleva crisis de desapariciones en México a Asamblea General tras respuesta deplorable del Estado mexicano

El expresidente del Comité contra la desaparición Forzada de la ONU, Santiago Corcuera, calificó como deplorable la reacción del Estado mexicano tras la decisión sin precedentes del organismo internacional de elevar el caso de las desapariciones en México a la Asamblea General. Esta medida, activada bajo el artículo 34 de la Convención, representa el mecanismo de mayor alcance del Comité y se produce después de que el gobierno mexicano tachara de tendencioso un informe previo.

Corcuera lamentó que, en lugar de aprovechar este momento para reconocer la dimensión de la crisis humanitaria, las autoridades optaran por desacreditar al órgano de vigilancia, una señal que consideró muy negativa para cualquier avance. La decisión del Comité se basa en un análisis exhaustivo de años, que incluye visitas al país y numerosas interacciones con el Estado y la sociedad civil.

El contexto de esta escalada internacional es la grave y persistente crisis de desapariciones que vive México, con más de cien mil personas registradas oficialmente como desaparecidas. El Comité no solo evaluó la actuación directa de agentes estatales, sino también la responsabilidad del Estado por actos de particulares cometidos con su autorización, apoyo o aquiescencia, un estándar consolidado en el derecho internacional.

Corcuera enfatizó que la definición de desaparición forzada utilizada no es una interpretación aislada, sino que proviene de tratados vinculantes como la Convención de 2006.

Además, el Comité encontró indicios sólidos de que las desapariciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad, dada su escala y el contexto de violencia generalizada, vinculándolo así al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Este diagnóstico choca frontalmente con la postura oficial, que insiste en una definición restrictiva y niega la existencia de una política sistemática desde el ámbito federal.

Las consecuencias de este histórico paso son múltiples y profundas. En el plano internacional, el caso será presentado formalmente al Secretario General de la ONU para su consideración por la Asamblea General, lo que podría derivar en la creación de un mecanismo especial de supervisión o en recomendaciones concretas de acción para México, presionando al país como nunca antes.

A nivel nacional, la reacción negacionista del gobierno, según Corcuera y organizaciones como el Centro Prodh, dificulta enormemente atender las causas estructurales del problema, como la impunidad, la crisis forense y las deficiencias en la búsqueda. El experto hizo una analogía contundente: enojarse con el doctor por el diagnóstico no cura la enfermedad.

El llamado final es a que el Estado rectifique, asuma el proceso con seriedad y coopere con los mecanismos internacionales para implementar medidas estructurales, un camino que, se advierte, es la única vía para comenzar a revertir una tragedia de dimensiones históricas que afecta a decenas de miles de familias..