Opacidad y lujo en Michoacán: diputados ocultan patrimonio real y compran propiedades al contado

La LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán exhibe un panorama de profunda opacidad y desigualdad patrimonial entre sus integrantes, según un escrutinio de las declaraciones de situación patrimonial. Mientras un grupo de diputados reporta ingresos oficiales muy por debajo del tabulador establecido, otros exhiben un nivel de riqueza que contrasta abiertamente con sus salarios declarados, incluyendo adquisiciones de inmuebles y vehículos de lujo al contado.

El caso más emblemático es el del diputado David Martínez Gowman, quien reporta ingresos netos anuales por 135 millones de pesos, siendo dueño de un edificio, múltiples casas, terrenos y 16 vehículos, incluido un Porsche. Esta situación pone en evidencia las graves fallas en el sistema de fiscalización y la cultura de la opacidad que persiste en la institución.

El contexto legal obliga a todos los servidores públicos a presentar y actualizar sus declaraciones patrimoniales de manera completa y veraz, un mecanismo diseñado para prevenir enriquecimientos ilícitos y garantizar la transparencia. Sin embargo, en Michoacán este mandato se cumple de manera irregular y deficiente.

Existen diputados, como Alfredo Anaya Orozco, Baltazar Gaona García, Vicente Gómez Núñez y Adriana Campos Huirache, que directamente no tienen registro de su declaración en la Contraloría Interna. Además, las percepciones salariales consignadas por la mayoría distan enormemente de la realidad: el tabulador oficial establece una percepción bruta anual de aproximadamente 1.

1 millones de pesos por diputado, pero legisladores como Juan Pablo Celis reportan apenas 155 mil pesos anuales, una cifra inverosímil que imposibilita las compras al contado que ellos mismos declaran. Esta práctica sistemática de subdeclaración del ingreso salarial vacía de utilidad el instrumento de control y dificulta rastrear el origen real de los recursos para adquirir bienes de alto valor.

Las consecuencias de esta opacidad son graves y erosionan la confianza en las instituciones democráticas. Por un lado, normaliza la impunidad y debilita cualquier esfuerzo real contra la corrupción, al no existir una línea base confiable contra la cual contrastar el crecimiento patrimonial de los funcionarios.

Por otro, genera una percepción ciudadana de que la clase política opera bajo reglas distintas, enriqueciéndose al amparo del cargo público. La existencia de legisladores-empresarios con extensos portafolios inmobiliarios y vehiculares, adquiridos frecuentemente sin financiamiento, plantea preguntas inevitables sobre conflictos de interés y el posible uso de influencias.

Finalmente, la falta de sanciones efectivas para quienes omiten o falsean información envía un mensaje de permisividad que perpetúa el ciclo de opacidad, alejando a la administración pública michoacana de los principios de rendición de cuentas y honestidad que exige la sociedad..